Justicia itinerante, toga opcional y populismo togado: el arribo de Hugo Aguilar Ortiz a la Suprema Corte.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
A partir del 1 de septiembre de 2025, México estrenará no solo un nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino también un estilo judicial que promete romper moldes, cambiar tradiciones… y tal vez, pasar por alto la Constitución. Hugo Aguilar Ortiz, ministro electo gracias a la reforma judicial de Morena, ha dejado claro que no llega a la Corte con la toga puesta, pero sí con una agenda bien planchada: priorizar el caso fiscal de Ricardo Salinas Pliego —ese modesto contribuyente que le debe al SAT más de 60 mil millones de pesos— y convertir la justicia en un espectáculo ambulante, literal y figuradamente.
La idea de hacer de la sede de la SCJN un espacio “itinerante” suena, en papel, como una metáfora del acercamiento del Poder Judicial al pueblo. Pero en la práctica, se asemeja más a una gira de campaña permanente que a un ejercicio institucional. ¿Decidir en Tapachula si un amparo es válido? ¿Resolver controversias constitucionales desde una plaza pública en Zacatecas? Todo sea por la cercanía con el pueblo… aunque se pierda de vista el debido proceso.
Peor aún: Aguilar Ortiz ha anunciado que no usará toga, “porque la justicia debe dejar de ser elitista”. Una declaración que ha encantado a quienes confunden solemnidad con soberbia, pero que ha alarmado a quienes entienden que el símbolo de la toga no es para el ego del juez, sino para recordarle que su voz no le pertenece a él, sino a la Constitución. Quitarla no lo hace más humilde; lo hace más vulnerable a los caprichos políticos.
Justicia de likes.
La elección del caso Salinas Pliego como prioridad nacional habla más de estrategia mediática que de rigor jurídico. ¿Por qué no empezar por los más de 300 mil expedientes rezagados en juzgados federales? ¿Por qué no darle prioridad a los casos de feminicidio, desapariciones forzadas o corrupción que afectan directamente a la ciudadanía?
Sencillo: porque esos no venden titulares.
Aguilar Ortiz sabe que una Corte que prioriza casos mediáticos puede sostener una narrativa épica: “¡La justicia alcanzó al hombre más rico de México!”. Pero no nos confundamos. Aquí no se trata de justicia fiscal; se trata de espectáculo político. ¿Es justo cobrarle a Salinas Pliego lo que debe? Sin duda. ¿Debe la SCJN usar ese caso como carta de presentación? Tal vez no. Porque cuando la justicia se vuelve popular, corre el riesgo de ser populista. Y cuando se vuelve populista, deja de ser justicia.
Una reforma coja, con toga de farra.
La gran paradoja de la famosa “reforma judicial” impulsada por López Obrador es que, mientras prometía acabar con la burocracia y la corrupción judicial, dejó intacto el problema más profundo del sistema: las fiscalías estatales. Esas sí que son una cloaca.
Ahí se gestan los verdaderos fracasos judiciales del país: carpetas de investigación mal integradas, evidencias manipuladas o inexistentes, testigos que desaparecen (o aparecen de repente), y expedientes que se arman con la precisión de un panfleto de lotería. Pero la reforma no tocó una sola coma de ese problema. ¿Para qué, si eso no da votos?
La justicia comienza con una buena investigación. Si la Fiscalía no puede armar un caso sólido, ni la Corte celestial podrá impartir justicia terrenal. Y eso lo sabe cualquiera que haya pisado un tribunal —o al menos, haya leído el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero parece que nuestros flamantes ministros están más interesados en redes sociales que en códigos.
Las ministras del bienestar (y del bochorno).
Y por si la llegada de Aguilar Ortiz no fuera suficiente para prender las alarmas, lo acompañan en la Corte tres mujeres que parecen haber sido seleccionadas con más criterio partidista que jurídico.
Lenia Batres Guadarrama, más activista que jurista, ha mostrado con entusiasmo que su papel en la Corte será llevar a cabo la vendetta judicial que López Obrador no alcanzó a concretar desde el Ejecutivo. Sin conocimientos técnicos sólidos, pero con discurso ideológico afilado, Batres ya ha dejado claro que no ve límites entre la ley y la política. La Corte, en su visión, no debe ser árbitro; debe ser brazo ejecutor.
Loretta Ortiz, a quien ya algunos apodan “justita”, pero por su predisposición a fallar en línea con los intereses de la 4T y no por su apodo de campaña, ha perdido toda pretensión de independencia. Su paso por la Corte ha sido más bien una procesión de votos predecibles, siempre alineados al poder en turno. Y ni hablar de Yasmín Esquivel, la ministra “plagiaria”, cuya permanencia en el máximo tribunal es un monumento a la desvergüenza nacional. ¿Cómo puede alguien hablar de “ética judicial” cuando debe su toga a un favor político y su tesis a un copia-pega?
Populismo judicial en marcha.
Hugo Aguilar Ortiz no ha llegado a la Corte para fortalecer la legalidad, sino para reinventar el protagonismo judicial. Y en el camino, está dispuesto a sacrificar formalidades, procedimientos e incluso fundamentos constitucionales. Porque en esta nueva era, la toga es opcional, la sede es ambulante y los casos prioritarios se eligen por trending topic.
El pueblo puede emocionarse. La justicia, no tanto.
Y si en unos meses vemos una sesión plenaria en la Feria de San Marcos, con Aguilar transmitiendo en vivo desde TikTok, sin toga y con gorra de beisbol, recordemos esto: el espectáculo puede ser popular… pero la Constitución no es una carpa de circo.
