Nueva credencial de salud: acceso universal, datos personales y 3,500 millones de pesos
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En la política pública mexicana hay una constante: cuando el sistema no alcanza, se anuncia una credencial. O un registro. O una plataforma. Esta vez, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento físico y digital que —según la promesa— permitirá que cualquier persona pueda atenderse indistintamente en el IMSS, el ISSSTE, el IMSS-Bienestar o en hospitales federales.
El registro iniciará el 1 de marzo de 2026 y se extenderá hasta diciembre del mismo año, con una meta ambiciosa: que todas las personas cuenten con una credencial que las identifique dentro del sistema público de salud. El objetivo declarado es noble y constitucional: consolidar el derecho a la salud y avanzar hacia un sistema verdaderamente universal entre 2026 y 2028.
El costo estimado del proyecto: 3,500 millones de pesos.
Hasta aquí, la narrativa oficial suena ordenada, moderna y progresista. El problema, como suele ocurrir, está en el contexto.
¿Qué contiene la credencial? Mucho más que una foto.
La nueva credencial concentrará datos personales básicos: nombre completo, CURP, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y decisión sobre donación de órganos. Además, estará vinculada a un expediente médico electrónico único, compartido entre instituciones.
En teoría, esto resolvería uno de los mayores vicios históricos del sistema: la fragmentación. Hoy, cada institución opera como una isla, con expedientes incompatibles, diagnósticos duplicados y pacientes que empiezan de cero cada vez que cruzan una ventanilla distinta. Un expediente interoperable parece, en el papel, una decisión lógica y necesaria.
El detalle es que esta interoperabilidad no se limita a mejorar la atención médica; implica también la concentración masiva de datos personales y médicos sensibles en manos del Estado. Y en un país donde los padrones, bases de datos y plataformas públicas han sido vulnerados una y otra vez, la pregunta no es si habrá riesgos, sino cuándo y cómo se gestionarán.
La credencial promete orden. También exige confianza. Y esa confianza, hoy por hoy, no es un activo abundante.
El elefante en la sala: más credenciales, menos presupuesto.
El anuncio llega acompañado de una paradoja difícil de ignorar. En 2024, 44.5 millones de personas declararon no tener acceso a servicios de salud. Casi el doble que en 2018. Es decir, tras una década de reformas, contrarreformas y reinvenciones administrativas, el acceso real a la salud empeoró.
Y ahora, en 2026, el presupuesto destinado a salud será menor que el de 2024.
Aun así, el nuevo modelo plantea que personas sin seguridad social puedan atenderse en el IMSS o el ISSSTE. Instituciones que ya operan con saturación crónica, déficit de médicos, listas de espera interminables y problemas recurrentes de abasto de medicamentos. Todo ello sin anunciar una inversión adicional proporcional en infraestructura, personal o equipamiento.
En otras palabras: más usuarios, los mismos hospitales, menos recursos.
La credencial, entonces, no expande la capacidad del sistema. Solo redistribuye la presión. Y lo hace bajo el supuesto de que el problema central era la falta de identificación, no la falta de camas, médicos, enfermeras, quirófanos y medicinas.
Ordenar padrones no es lo mismo que curar enfermos.
Desde la óptica administrativa, la credencial tiene ventajas evidentes. Permite depurar padrones, unificar registros y reducir duplicidades. También facilita la planeación y el control del gasto. Nadie discute que el sistema necesitaba orden.
Pero la política pública en salud no se mide por la limpieza de sus bases de datos, sino por su capacidad de resolver enfermedades, prevenir riesgos y salvar vidas.
Existe, además, un incentivo político nada menor: si más personas cuentan con una credencial y aparecen registradas como “con acceso al sistema”, la próxima medición oficial —ahora a cargo del Inegi— podría reflejar una mejora estadística. Aunque en la práctica el acceso efectivo siga dependiendo de la suerte, el municipio y la hora del día.
No sería la primera vez que el acceso formal se adelanta al acceso real.
La ironía final: el derecho existe, el sistema no siempre.
Sheinbaum tiene razón en una cosa: el derecho constitucional a la salud debe consolidarse. Pero los derechos no se ejercen con plástico ni con códigos QR. Se ejercen cuando hay un médico al otro lado del escritorio, un medicamento en la farmacia y una cama disponible cuando la urgencia no puede esperar.
La credencial puede ser una herramienta útil. Puede incluso ser necesaria. Pero no es una solución en sí misma. Sin inversión sostenida, sin fortalecimiento institucional y sin una estrategia clara para ampliar la capacidad real del sistema, corre el riesgo de convertirse en un símbolo más de acceso prometido y atención postergada.
Porque al final, el reto no es que todos tengan tarjeta.
El reto es que, cuando la muestren, el sistema responda.
