Tequila amargo: cuando el “no somos iguales” se topa con la realidad.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En el imaginario turístico, Tequila huele a agave cocido, barricas y brindis patrióticos. En el político, estos días huele más a carpeta de investigación.
La detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro —emanado de Morena—, acusado de encabezar presuntos esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras, desviar recursos públicos y mantener vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no es solo un escándalo local. Es una radiografía incómoda del talón de Aquiles de la política mexicana: el municipio como primer eslabón de la captura criminal del Estado.
El operativo no fue menor. Participaron Defensa, Marina, FGR, Centro Nacional de Inteligencia y la SSPC. Cinco cateos. Orden de aprehensión ejecutada. Junto al alcalde cayeron el director de Seguridad Pública, el de Catastro y el de Obras. Es decir, no un funcionario aislado, sino una estructura.
Cuando en un ayuntamiento coinciden Seguridad, obra pública y recaudación predial bajo sospecha, ya no hablamos de “manzanas podridas”: hablamos del huerto completo.
El libreto conocido.
La reacción política también fue predecible.
Morena Jalisco declaró que “la justicia debe aplicarse sin excepciones”. Morena nacional, en voz de su dirigente Luisa Alcalde, publicó un comunicado con frases solemnes: no hay intocables, no se encubre a nadie, no hay pactos de impunidad.
Todo correcto. Todo impecable. Todo… curiosamente impersonal.
El texto evitó mencionar al alcalde por su nombre o detallar los señalamientos. Un comunicado quirúrgicamente abstracto: mucha doctrina, cero contexto.
La estrategia parece clara: hablar de principios para no hablar del caso.
Es una técnica conocida en la política mexicana: cuando la realidad incomoda, se redacta en modo genérico.
El problema es que la ciudadanía ya aprendió a leer entre líneas.
Porque si nadie es intocable, ¿por qué no decirlo con nombre y apellido?
Si no se encubre a nadie, ¿por qué el silencio específico?
Si no hay pactos de impunidad, ¿por qué el comunicado suena más a control de daños que a autocrítica?
El municipio: la frontera olvidada.
Más allá del costo mediático, el fondo es estructural.
Los gobiernos municipales concentran permisos, licencias, policía local, obra pública y cobros directos a comerciantes. Es el nivel de gobierno con más discrecionalidad y menos vigilancia real. Y por eso mismo, el favorito del crimen organizado.
No necesitan controlar la federación: basta capturar la alcaldía.
Con eso obtienen protección, información, obra amañada, permisos selectivos y, por supuesto, extorsión institucionalizada.
La “Operación Enjambre”, que ya ha detenido alcaldes en el Estado de México y ahora en Jalisco, confirma un patrón: el narco ya no solo presiona a los gobiernos, los administra.
Y eso debería preocupar más que cualquier discurso.
El espejo incómodo.
Morena llegó al poder prometiendo que eran distintos. Que la corrupción era patrimonio del pasado. Que el “no somos iguales” era una frontera moral.
Pero la realidad insiste en sabotear los slogans.
Casos como éste recuerdan que ningún partido es inmune cuando el filtro de candidatos es débil, cuando los controles internos son laxos y cuando el triunfo electoral importa más que la integridad del aspirante.
Porque el crimen organizado no milita: se infiltra.
Hoy fue Tequila. Ayer otros municipios. Mañana podría ser cualquiera.
Y cada vez el guión es parecido: detención, deslinde, comunicado genérico, confianza en las instituciones, y página siguiente.
Como si la corrupción municipal fuera un accidente meteorológico y no un problema político.
Lo que nadie quiere discutir.
Quizá la pregunta incómoda no es quién cae, sino cómo llegaron.
¿Cómo pasa los filtros un alcalde presuntamente ligado a extorsión y crimen organizado?
¿Quién revisa antecedentes, redes financieras, vínculos empresariales?
¿Existe algún candado serio para impedir que el narco financie campañas locales?
Porque mientras la respuesta sea “confiamos en la buena fe”, seguiremos brindando con tequila… pero tragando amargo.
Tal vez la próxima reforma electoral debería mirar menos los spots y más los controles de integridad: auditorías patrimoniales obligatorias, inteligencia financiera preventiva, certificaciones policiales reales y responsabilidad penal a partidos que postulen perfiles vinculados al crimen.
De lo contrario, los comunicados seguirán siendo impecables.
Y las detenciones, recurrentes.
El problema es que los ciudadanos ya no necesitan discursos bien redactados.
Necesitan gobiernos que no terminen esposados.
