La Revolución tiene desfile; el campo, cuentas pendientes.
La justicia agraria sigue siendo una asignatura pendiente en un país donde producir alimentos no siempre garantiza vivir dignamente de ellos.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
México está por celebrar 116 años del inicio de su Revolución. Habrá desfiles, ceremonias, discursos y homenajes a quienes lucharon por la tierra. Sin embargo, mientras el país se prepara para recordar a sus campesinos históricos, los campesinos actuales siguen saliendo a las carreteras para discutir cuánto vale su cosecha. La paradoja resulta inevitable: la tierra fue una de las grandes conquistas revolucionarias, pero vivir dignamente de ella continúa siendo un desafío.
Este 17 de noviembre, productores agrícolas se movilizaron en distintas entidades, principalmente del Bajío y occidente del país. Exigen mejores condiciones de comercialización, pagos pendientes y apoyos para enfrentar los costos de producción. En Guanajuato, la demanda alcanza los 6,500 pesos por tonelada de maíz, frente a una propuesta que rondaba los 6,000 pesos. Detrás de esa diferencia aparentemente pequeña está la rentabilidad de miles de cosechas.
La respuesta gubernamental tampoco puede ignorarse. La Secretaría de Agricultura informó haber distribuido 4,520 millones de pesos a 40,550 productores de maíz blanco, arroz y trigo, correspondientes a determinados ciclos agrícolas. Gobernación sostiene que existen mesas permanentes de diálogo. Son acciones concretas, pero las inconformidades revelan que entregar apoyos y resolver las condiciones estructurales del campo son objetivos distintos.
El problema trasciende cualquier administración. Según el Censo Agropecuario 2022 del INEGI, apenas el 6.1% de las unidades de producción agropecuaria obtuvo crédito, mientras el 74% de la superficie agrícola dependía del temporal. Es decir, buena parte de la producción enfrenta simultáneamente limitaciones financieras e incertidumbre climática. Si añadimos costos de fertilizantes, transporte y almacenamiento, comprenderemos por qué una buena cosecha no necesariamente significa un buen ingreso.
Durango conoce particularmente esta realidad. Aunque se han ampliado los mecanismos de acopio de frijol, persisten preocupaciones sobre los volúmenes de compra, los precios y las condiciones de comercialización. La discusión ya alcanza la planeación de 2027. Para muchas familias rurales, el problema no termina cuando levantan la cosecha: comienza cuando deben encontrar quién la compre y a qué precio.
Aquí aparece una responsabilidad política compartida. El Gobierno federal debe garantizar transparencia, oportunidad y eficacia en sus programas; los gobiernos estatales, fortalecer infraestructura y canales comerciales; y los compradores, participar en mercados con reglas claras y competencia efectiva. Tampoco sería responsable suponer que cualquier precio solicitado puede sostenerse indefinidamente con recursos públicos. La solución exige productividad, financiamiento, protección frente a riesgos y mecanismos de comercialización que permitan ingresos suficientes.
Los bloqueos carreteros, por su parte, plantean una tensión legítima entre el derecho a manifestarse y el derecho de terceros a circular. Reconocer las demandas campesinas no obliga a justificar toda forma de protesta, pero cuestionar sus métodos tampoco debería servir para desatender sus causas.
La Revolución transformó el régimen de propiedad de la tierra. El desafío contemporáneo consiste en que esa tierra produzca bienestar. Y eso requiere políticas evaluadas no solamente por cuánto dinero distribuyen, sino por cuánto mejora realmente el ingreso de quienes trabajan el campo.
A 116 años de aquella lucha, México tiene una oportunidad para revisar el significado de la justicia agraria. No se trata de revivir disputas históricas, sino de resolver problemas económicos presentes.
Porque la deuda histórica con el campo no se salda con un desfile. Se salda cuando sembrar deja de ser una apuesta contra el mercado, el clima y la incertidumbre.