Por: Felipe Correa
Más caro, pero igual de deficiente: por qué el aumento al transporte público no convence.
Bajo un argumento fácil y un discurso hueco, quienes defienden el aumento a la tarifa del transporte público en Durango han comenzado a posicionar declaraciones mediáticas poco favorables para la ciudadanía. La realidad es más compleja.
El incremento al pasaje puede parecer justificable: es cierto que aumentó el precio del combustible, también se encarecieron las refacciones y las autopartes, y los concesionarios están en su derecho de solicitar un ajuste. Sin embargo, no de esta manera y no sin condiciones claras.
Para quienes conocemos la dinámica diaria de trasladarnos en camión, taxi, microbús o combi, moverse por Durango es relativamente sencillo y accesible. En contraste, muchos de quienes hoy defienden el aumento desconocen incluso el costo real del pasaje. Aun así, han sido enviados —o se han sumado— a una lucha mediática que impacta directamente en la economía familiar de quienes menos tienen.
Estos son algunos de los argumentos a favor del aumento al transporte público, al menos en teoría:
Mantenimiento y renovación de unidades: El principal argumento es que un ajuste permitiría a los concesionarios cubrir reparaciones y, eventualmente, retirar unidades obsoletas para sustituirlas por modelos más modernos y menos contaminantes.
Sostenibilidad del servicio: Evitaría que algunas rutas, especialmente las periféricas, dejen de operar si los costos superan los ingresos.
Mejora en condiciones laborales: Un mayor ingreso podría traducirse en mejores salarios o jornadas más humanas para los choferes, lo que debería reflejarse en un mejor trato al usuario y mayor seguridad vial.
Inversión en tecnología: Facilitaría la implementación de sistemas de prepago, cámaras de seguridad y GPS para mejorar la operación y supervisión del servicio.
No obstante, los contras pesan más cuando no existen compromisos verificables:
Golpe al bolsillo familiar: En Durango, muchas familias dependen de varios transbordos al día. Un incremento de apenas unos pesos se multiplica de forma significativa al mes, afectando recursos destinados a alimentos o servicios básicos.
Riesgo de inflación local: El aumento al transporte suele detonar alzas en otros servicios y productos. Además, desincentiva el uso del transporte público, empujando a la población a adquirir autos económicos, lo que incrementa el tráfico y la contaminación.
Escepticismo ciudadano: La percepción histórica es clara: sube el precio, pero el servicio sigue igual. Sin compromisos reales de modernización, el usuario siente que paga más por el mismo camión viejo, ruidoso e inseguro.
Impacto en estudiantes y adultos mayores: Aun con tarifas preferenciales, cualquier ajuste presiona la economía de los sectores más vulnerables, tanto en la capital como en los municipios.
En conclusión, el incremento a la tarifa del transporte público solo podría justificarse si viene acompañado de mejoras reales, medibles y verificables. De lo contrario, los argumentos vacíos y la retórica habitual volverán a imponerse sobre el interés de la ciudadanía.
