Un Congreso que quiere producir, no sólo sesionar.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En la política local mexicana existe una escena demasiado familiar: legislaturas que inauguran periodos con discursos solemnes, agendas cargadas de buenas intenciones y resultados modestos. Mucho ruido parlamentario, pocas leyes útiles. Por eso, cuando desde la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Durango se habla de “productividad” y “acuerdos”, el reto no es retórico, es estadístico: demostrar que el Poder Legislativo puede traducir promesas en normas funcionales.
Ese es el terreno en el que Ernesto Alanís Herrera ha decidido colocar la conversación.
Su planteamiento no gira en torno a la confrontación partidista ni a la estridencia mediática, sino a algo menos espectacular, pero más decisivo: orden institucional, coordinación técnica y cumplimiento de plazos legales. Puede sonar poco emocionante, pero ahí se juega la eficacia real de un Congreso.
La prueba de fuego: el nuevo Código Nacional.
El tema central no admite improvisaciones. La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que deberá entrar en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027, obliga a los congresos estatales a armonizar su legislación. No es un simple ajuste de redacción; implica rediseñar la manera en que operan los juicios.
El nuevo modelo prioriza oralidad, digitalización y perspectiva de género, tres elementos que modernizan el sistema judicial, pero también encarecen y complican su puesta en marcha si no hay planeación.
Aquí es donde el anuncio de mesas técnicas con el Poder Judicial cobra relevancia. Históricamente, muchos congresos aprueban reformas sin consultar a quienes tendrán que aplicarlas. El resultado suele ser leyes bien intencionadas que terminan atoradas en la práctica. Si el diálogo interinstitucional se mantiene, Durango podría evitar ese viejo vicio legislativo.
Más que una bandera política, esta armonización es una obligación jurídica. Cumplirla a tiempo sería una señal de profesionalismo; fallar implicaría rezago judicial y litigios más lentos para la ciudadanía.
Agenda común: menos grilla, más acuerdos.
Otro anuncio relevante es la construcción de una Agenda Legislativa Común entre todas las fuerzas políticas.
En un entorno donde la polarización suele convertir cada sesión en un ring parlamentario, apostar por consensos parece un gesto pragmático. No se trata de diluir diferencias ideológicas, sino de priorizar temas donde el acuerdo es posible: justicia, protección familiar, derechos de la niñez, atención a grupos vulnerables.
Si la agenda compartida se traduce en dictámenes constantes en comisiones y en leyes aprobadas con mayorías amplias, el Congreso ganará algo que hoy escasea en la política mexicana: credibilidad.
Porque el ciudadano promedio no mide el desempeño por discursos, sino por resultados tangibles: trámites más simples, procesos más rápidos, derechos mejor protegidos.
Educación y cultura: política social desde el Legislativo.
Quizá la parte menos tradicional del plan es la firma de un acuerdo con el INEA y la intención de convertir al Congreso en promotor cultural.
A primera vista, podría parecer un gesto simbólico. Sin embargo, tiene un trasfondo interesante. Cuando el Legislativo abre sus puertas a la educación de adultos o a actividades culturales, deja de ser únicamente un recinto de leyes para convertirse en un espacio público vivo.
Facilitar que trabajadores o sus familias concluyan la educación básica no cambia titulares nacionales, pero sí impacta trayectorias personales. Y recuperar la vocación cultural del recinto —con conciertos, conferencias y exposiciones— también cumple una función cívica: acercar a la ciudadanía a una institución que a menudo se percibe lejana.
No sustituye el trabajo legislativo, pero ayuda a humanizarlo.
Productividad: la palabra que se comprobará con números.
El discurso de Alanís Herrera insiste en un Congreso “productivo, responsable y comprometido con Durango”. La frase es correcta, pero la evaluación será inevitablemente cuantitativa: iniciativas dictaminadas, tiempos de resolución, calidad técnica de las leyes y coordinación con otros poderes.
En política legislativa, la eficacia no se presume; se documenta.
Si el Congreso logra armonizar el Código Nacional, mantener acuerdos multipartidistas y traducir su agenda social en acciones concretas, el periodo podría marcar un contraste con legislaturas de trámite. Si no, todo quedará en el archivo de las buenas intenciones.
Una apuesta institucional.
En un contexto nacional dominado por la confrontación y la estridencia, apostar por la técnica, la coordinación y el consenso puede parecer poco vistoso. Pero, paradójicamente, es lo que más necesita la gobernabilidad local.
A veces, el mayor logro de un Congreso no es hacer ruido, sino hacer su trabajo.
Y si Durango consigue eso, ya será noticia.
