Minerales, soberanía y geología política: el subsuelo también vota.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En política mexicana hay palabras que pesan más que el acero: soberanía, nación, recursos estratégicos. Basta pronunciarlas en la mañanera para que el subsuelo parezca erguirse. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Estado “recuperará” más de 200 concesiones mineras en manos privadas. Dicho así, suena a gesta cardenista: el retorno del patrimonio nacional, la patria rescatando lo que siempre fue suyo.
Pero, como casi siempre en la minería, lo importante no está en la superficie.
México tiene hoy más de 22 mil concesiones que abarcan alrededor de 14 millones de hectáreas. Dos centenas representan menos del 1% del total. Es decir, políticamente el anuncio es estruendoso; geológicamente, modesto. Una operación quirúrgica presentada como cirugía mayor.
El contexto explica mejor la jugada. Mientras se anuncia la “recuperación”, el gobierno firmó un plan de acción con Estados Unidos para construir un “comercio preferencial” de minerales estratégicos: litio, cobre, grafito, tierras raras, todos esos elementos que no salen en los discursos, pero sí en baterías, chips, autos eléctricos y radares militares. Washington busca reducir su dependencia de China y tejer un bloque regional de suministros confiables. México, vecino inevitable, aparece en el mapa.
La ecuación es clara: menos dragones asiáticos, más socios norteamericanos.
Y aquí surge la paradoja. Se promete que no habrá cambios legislativos, que no se abrirán nuevas minas y que los recursos no se entregan. Pero, al mismo tiempo, se habla de armonizar estándares regulatorios, coordinar cartografía geológica y fortalecer cadenas de suministro binacionales. En lenguaje diplomático, eso significa integrar políticas. En lenguaje llano: alinear reglas.
No es entrega, dicen. Es cooperación.
No es apertura, es coordinación.
No es giro extractivista, es seguridad energética.
La semántica como política pública.
A la vez, el sector minero sigue activo: 27 nuevos proyectos en desarrollo, 225 en exploración y otros 225 en explotación, según la Cámara Minera. Las empresas, pragmáticas, no esperan discursos: amplían lo que ya tienen. Y el gobierno, mientras critica el modelo concesionado heredado del pasado, negocia cómo hacerlo más funcional para un nuevo socio estratégico.
Es difícil no ver el reacomodo.
Además, la reactivación del fracturamiento hidráulico —esa técnica que durante años fue el villano ambiental favorito— añade otro matiz. Si antes el extractivismo era anatema, ahora parece convertirse en herramienta selectiva: malo cuando privatiza sin control, aceptable cuando fortalece la seguridad nacional o el nearshoring.
La ideología, al final, también se adapta al mercado.
Los colectivos ambientalistas no compran la narrativa. Temen que el acuerdo sea la puerta trasera para expandir la minería con el sello de “estratégica”. Y no les falta razón en algo: cuando un recurso se declara crítico, casi siempre termina explotándose con urgencia. La geopolítica rara vez espera estudios de impacto ambiental.
Pero tampoco es tan simple como pintar al gobierno de verde o de negro. La presión internacional es real. Estados Unidos ya negocia con casi 40 países. Si México no participa, se arriesga a quedar fuera de las cadenas productivas de la transición energética. Y en tiempos de T-MEC, quedarse fuera equivale a perder inversiones, empleos y palancas de negociación.
La pregunta no es si explotar o no, sino cómo y bajo qué reglas.
Ahí está el verdadero debate: ¿recuperar concesiones significa fortalecer al Estado como regulador y operador responsable, o solo cambiar de manos el mismo modelo extractivo? ¿Habrá transparencia, consulta comunitaria y estándares ambientales estrictos, o solo nuevos contratos con viejo maquillaje soberano?
Porque nacionalizar sin controles no es soberanía; es burocracia minera.
El anuncio presidencial, entonces, parece más un movimiento político que un viraje estructural: enviar señales a Washington de disposición estratégica, a los mercados de certidumbre y a la base electoral de defensa patrimonial. Una jugada triple. Mensaje para todos, compromiso preciso con pocos.
En el fondo, México no está cerrando minas ni abriendo la puerta de par en par. Está reacomodando fichas en un tablero donde los minerales valen tanto como el petróleo en el siglo XX. Litio es la nueva expropiación simbólica; el cobre, el nuevo oro diplomático.
El subsuelo también vota. Y hoy vota por integrarse a Norteamérica.
La cuestión es si lo hará con reglas claras, beneficios tangibles para las comunidades y verdadera supervisión pública, o si solo cambiará el logotipo en la entrada de la mina.
Porque entre “recuperar la soberanía” y “seguir excavando”, a veces la diferencia es apenas un casco nuevo.
