Rocha: de “no estás solo” a “mejor no regreses”.
Hay respaldos políticos que duran hasta que el respaldado decide comprobar si eran ciertos.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Durante meses, Rubén Rocha Moya fue presentado por buena parte del oficialismo como víctima de una ofensiva extranjera. Cuando Estados Unidos lo acusó formalmente, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, de conspirar presuntamente con Los Chapitos para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y apoyo político, la primera reacción fue cerrar filas: había que exigir pruebas, defender la soberanía y denunciar el “injerencismo”. Ricardo Monreal llegó a decir que Rocha “no está solo”.
Hasta ahí, podría sostenerse una posición jurídicamente razonable: una acusación estadounidense no equivale a una sentencia mexicana ni elimina la presunción de inocencia.
El problema vino después.
Rocha aparentemente creyó en sus defensores.
Tras 112 días de licencia regresó a gobernar Sinaloa asegurando que durante su ausencia no habían aparecido elementos que demostraran su responsabilidad. Si durante meses se había dicho que no existían pruebas suficientes, que Estados Unidos politizaba el caso y que el gobernador no debía ser condenado anticipadamente, la conclusión parecía elemental: podía volver.
Pero entonces ocurrió el milagro de la política mexicana: quienes explicaban por qué Rocha debía ser defendido comenzaron a explicar por qué Rocha no debía regresar.
Morena se deslindó. Los gobernadores oficialistas le pidieron “madurez y responsabilidad”. Ricardo Monreal sugirió nuevamente la licencia. Claudia Sheinbaum dejó claro que su reincorporación no le parecía pertinente y este lunes fue todavía más lejos: consideró conveniente que un gobernador interino concluya prácticamente el sexenio sinaloense. Treinta y tantas horas después de regresar, Rocha volvió a marcharse.
La pregunta es incómoda precisamente porque es sencilla:
Si todo estaba suficientemente claro para defenderlo, ¿qué volvió inconveniente que gobernara?
No apareció públicamente una sentencia. No concluyó la investigación mexicana. La FGR, por el contrario, mantiene abiertas sus indagatorias. Y las acusaciones estadounidenses que antes eran consideradas insuficientes o políticamente sospechosas son esencialmente las mismas. Lo que cambió no parece haber sido el expediente. Cambió la política.
Y ahí está el fondo del asunto.
Durante meses, legisladores, dirigentes, militantes y un amplio ecosistema de comunicadores, youtubers e influencers simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación reprodujeron la narrativa de que los señalamientos contra Rocha formaban parte de una ofensiva contra Morena. No sería responsable afirmar que todos ellos reciben dinero del Gobierno sin documentarlo individualmente; lo comprobable es que existió una narrativa política y mediática extraordinariamente uniforme. Hoy, buena parte de ese mismo ecosistema encuentra perfectamente razonable que Rocha permanezca lejos del Palacio de Gobierno.
Parece que la soberanía tenía fecha de caducidad.
El caso más pintoresco volvió a regalarlo Gerardo Fernández Noroña. Mientras Monreal recomendaba a Rocha reconsiderar su retorno, Noroña salió a cuestionarlo y a defender al sinaloense, preguntándole por qué no exigía lo mismo a políticos opositores. Horas después, Sheinbaum, Morena y los gobernadores del movimiento tomaron exactamente el camino contrario. Noroña tiene una rara habilidad política: llega con enorme convicción al lugar del que sus compañeros están comenzando a retirarse.
Pero la historia sería superficial si sólo se tratara de burlarse de las contradicciones.
Hay algo mayor en juego: ¿está Claudia Sheinbaum comenzando a romper con la vieja disciplina obradorista de proteger políticamente a los propios hasta que resulte imposible hacerlo?
Es demasiado pronto para afirmarlo, pero el episodio merece atención. Rocha desafió no solamente una recomendación política; desafió la autoridad presidencial. Su regreso fue unilateral y obligó al oficialismo a decidir si la lealtad al gobernador estaba por encima de la conducción de Sheinbaum. Esta vez eligieron a Sheinbaum.
También existe inevitablemente el factor Washington. El Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos graves y específicos contra Rocha —que siguen siendo acusaciones y deben probarse ante un tribunal— y funcionarios estadounidenses han reiterado que organizaciones como el Cártel de Sinaloa necesitan complicidades institucionales para operar con semejante capacidad.
¿Hubo un ultimátum de Estados Unidos?
No existe hasta ahora evidencia pública suficiente para afirmarlo. Convertir la sospecha en certeza sería hacer exactamente aquello que debe evitar un análisis serio.
Pero también sería ingenuo creer que Washington resulta irrelevante.
México llega a esta discusión con investigaciones binacionales, extradiciones, acusaciones contra políticos, presión sobre los cárteles y una relación de seguridad particularmente delicada. Un gobernador formalmente acusado en Nueva York regresando al poder mientras México argumenta que está colaborando contra el crimen organizado era, cuando menos, una postal diplomáticamente complicada.
Y quizá por eso la pregunta verdaderamente importante no sea qué obligó a Rocha a volver a irse.
Es qué descubrió Morena en agosto que no sabía en abril.
Porque si las acusaciones eran falsas, el regreso debería haber sido celebrado.
Si eran suficientemente serias para impedirle gobernar, entonces quizá nunca debió recibir aquella solidaridad casi automática.
Y si lo único que cambió fue la conveniencia política, el problema ya no es Rubén Rocha Moya.
El problema es un sistema donde la frontera entre inocente, perseguido, compañero y prescindible puede modificarse en apenas 34 horas.
