Por: Eduardo Rodríguez
Muchos anuncios, poca certeza
En México, la inversión no se ha detenido por falta de discursos ni por ausencia de planes grandilocuentes. Se ha frenado porque la confianza se ha erosionado. Mientras desde el gobierno se multiplican los anuncios de programas multimillonarios de infraestructura, los datos muestran una realidad distinta: la inversión productiva lleva más de un año en caída y no logra recuperarse. La razón es sencilla y profundamente estructural: sin reglas claras, sin contrapesos y sin certeza jurídica, ningún monto anunciado es suficiente para detonar el crecimiento.
En noviembre del año pasado, la inversión fija bruta registró una caída anual de 5.7%. La baja fue especialmente marcada en la inversión en maquinaria y equipo, que disminuyó 11.6%, y en la construcción no residencial, que retrocedió 7%. Con ello, se acumularon ya 15 meses consecutivos con tasas anuales negativas. Este deterioro no es casual. Comenzó en septiembre de 2024, coincidiendo con la instalación de un nuevo Congreso de la Unión dominado por una mayoría que optó por concentrar el poder y debilitar los contrapesos institucionales.
La composición del Congreso abrió la puerta a una avalancha de reformas constitucionales y legales orientadas a eliminar los límites al ejercicio del poder. La desaparición de los órganos autónomos, la reforma al Poder Judicial que anuló en los hechos la división de poderes y los cambios a la Ley de Amparo que dejaron a los ciudadanos sin una defensa efectiva frente a los abusos de autoridad, enviaron una señal clara y negativa a los inversionistas. A ello se suman reformas que discriminan al sector privado, particularmente en materia energética y en el uso de infraestructura ferroviaria.
Sin inversión en planta productiva, maquinaria, equipo, infraestructura y capital humano —educación y salud— no puede haber crecimiento económico sostenido. Y sin crecimiento, el desarrollo y el bienestar social se vuelven promesas vacías. La presidenta Sheinbaum conoce esta realidad, pero lejos de corregir el rumbo, ha optado por profundizar los cambios heredados. La propuesta de reforma política orientada a consolidar un sistema cada vez más centralizado refuerza la percepción de riesgo y alimenta la desconfianza.
Ante el desplome de la inversión, el gobierno anunció recientemente un ambicioso programa de infraestructura por 5.6 billones de pesos para el periodo 2026-2030. Del total, más de la mitad se destinaría a infraestructura energética; poco más de un tercio a obras de conectividad como carreteras, ferrocarriles y puertos; y porcentajes marginales a salud, agua y educación. Para este año, se prevé una inversión adicional de 722 mil millones de pesos, equivalente al 2.2% del PIB.
Según lo anunciado, los proyectos serían de carácter mixto, aunque con una participación minoritaria del sector privado. Se plantea reducir los costos de financiamiento mediante instrumentos estructurados y bursatilización, así como emitir nueva normatividad para facilitar la participación privada y ofrecer “certeza jurídica”. En el papel, la propuesta suena razonable. En la práctica, persisten al menos tres dudas fundamentales: la rentabilidad social de los proyectos, la fragilidad de las finanzas públicas y la verdadera existencia de un Estado de derecho.
La primera duda es la rentabilidad social. Las principales obras del sexenio anterior —el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA y el ferrocarril del Istmo— registran tasas negativas de rentabilidad social. Esto no solo implica un uso ineficiente de recursos escasos, sino una destrucción directa de riqueza nacional. Para no repetir errores, todos los nuevos proyectos deberían evaluarse previamente con criterios estrictos de rentabilidad social y costo de oportunidad. Sin embargo, la insistencia en impulsar nuevos trenes de pasajeros sugiere que esta evaluación volverá a ignorarse.
La segunda preocupación es fiscal. Con requerimientos financieros del sector público cercanos al 4.8% del PIB y una estructura de gasto rígida, el gobierno carece de margen para incrementar sustancialmente la inversión sin elevar el déficit. Hacerlo pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica y la calificación crediticia del país. Frente a esta realidad, resulta difícil justificar por qué se restringe la participación del sector privado a un papel secundario.
La tercera, y quizá más grave, es la certeza jurídica. ¿Qué garantías reales puede tener el sector privado cuando el propio gobierno incumple contratos y el Poder Judicial ha quedado subordinado al Ejecutivo? En un entorno donde no existen árbitros independientes, la relación entre el Estado y los inversionistas se vuelve profundamente asimétrica.
México no necesita más anuncios. Necesita reglas claras, instituciones sólidas y confianza. Sin esos cimientos, cualquier programa de infraestructura, por ambicioso que sea, corre el riesgo de convertirse en otra promesa costosa y estéril.
