Por: Eduardo Rodriguez
Rehenes en el aula: ideología antes que educación
La destitución inmediata de Marx Arriaga no es un movimiento menor dentro del engranaje gubernamental; representa un giro significativo en la conducción de la política educativa nacional y marca el inicio de una etapa distinta en la definición de los contenidos que llegan a millones de estudiantes en México.
Su salida no es un simple ajuste administrativo: es la caída de uno de los perfiles más ideologizados del proyecto educativo impulsado en los últimos años y, al mismo tiempo, una señal política inequívoca de que se están moviendo piezas en el tablero del poder.
Desde su posición en la estructura de la Secretaría de Educación Pública, Arriaga fue el “arquitecto intelectual” de los nuevos libros de texto gratuitos, que sustituyeron planes, programas y contenidos bajo el argumento de una transformación pedagógica centrada en el “humanismo mexicano”.
Para amplios sectores académicos, especialistas y padres de familia, aquel rediseño no fue modernización, sino una carga ideológica que colocó el activismo político por encima de la formación científica y técnica.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la educación pública fue concebida como herramienta de transformación social con un claro sello político, en el que la narrativa de la “cuarta transformación” se filtró en contenidos, lenguaje y ejemplos.
En lugar de reforzar matemáticas, ciencias o comprensión lectora —áreas con rezagos históricos en México— se priorizaron enfoques comunitarios y discursos de reivindicación social, que si bien pueden tener valor formativo, no sustituyen el rigor académico.
El problema de fondo no es la inclusión de valores sociales, sino haber sacrificado calidad, evaluación y estándares internacionales en nombre de una causa política, mientras otros países refuerzan competencias como ciencia y tecnología, enfocándose en la inteligencia artificial, la robótica y la economía del conocimiento, aquí se decidió relativizar contenidos técnicos y científicos bajo la premisa de combatir el “neoliberalismo educativo”.
La salida de Arriaga se inscribe dentro de una serie de movimientos políticos en el régimen, con figuras incómodas o desgastadas siendo desplazadas, y la presidenta —primera mujer al mando del Ejecutivo federal— busca imprimir un sello propio, deslindándose de decisiones que generaron desgaste.
Aunque la dimisión de Arriaga no cambiará de inmediato los contenidos escolares —pues los ciclos ya están en marcha— sí puede dar inicio a una revisión técnica que recupere equilibrios: fortalecer ciencias, actualizar contenidos digitales, incorporar habilidades del siglo XXI y mantener una perspectiva humanista menos ideologizada.
Cualquier ajuste curricular deberá armonizarse con el marco constitucional reformado en 2019, que eliminó la evaluación punitiva pero mantuvo el mandato de calidad educativa.
También hay una dimensión positiva: una inclusión más clara de la aportación histórica, científica y cultural de las mujeres en el desarrollo nacional, siempre que se traduzca en contenidos sólidos y no en consignas.
El reto, sin embargo, es mayor: recuperar la confianza. Padres de familia, docentes y expertos necesitan certeza de que el sistema educativo no será rehén de vaivenes ideológicos. La educación no puede convertirse en campo de batalla político permanente. Los niños que hoy cursan primaria y secundaria no tendrán una segunda oportunidad para aprender lo que no se les enseñe ahora.
La caída de Arriaga simboliza el cierre de una etapa marcada por la confrontación educativa. Falta saber si viene una reconciliación técnica y el fortalecimiento académico o si solo será un ajuste cosmético para reducir costos políticos. El país no puede darse el lujo de perder otra generación en disputas ideológicas.
