• Tribunal emitió 938 sentencias; el 85 % de las resoluciones han sido favorables a los ciudadanos: Jason Eleazar Canales.
• TJA se posiciona entre los 10 del país con mayor rapidez en la emisión de resoluciones.
Durante la comparecencia del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jason Eleazar Canales García, las y los diputados locales reconocieron la reducción de los tiempos en las sentencias, el impulso en la modernización tecnológica, la responsabilidad para lograr una justicia pronta y expedita, y sobre todo la visión de proteger a la ciudadanía, aunque también hay retos por alcanzar.
En el marco del ejercicio del informe de actividades, el magistrado informó que, gracias a la implementación del juicio sumario, actualmente se han emitido 938 sentencias en un promedio de uno a dos meses y medio, cuando anteriormente los procesos podían tardar más de un año; donde el 85 por ciento de las resoluciones han sido favorables a los ciudadanos, además de haberse realizado 18 mil 463 trámites procesales y atendido a dos mil 133 personas.
Asimismo, subrayó que el Tribunal se posiciona entre los 10 del país con mayor rapidez en la emisión de resoluciones y anunció el inicio formal del juicio en línea, que permitirá ampliar el acceso a la justicia.
Al iniciar la ronda de preguntas, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, Sughey Torres Rodríguez, reconoció que las herramientas en que se apoya la impartición de justicia han evolucionado conforme a las nuevas realidades sociales, resaltó lo proactivo que ha sido el tribunal al apostar por la modernización mediante el sistema “e-Justicia Administrativa Durango”, lo que ha permitido agilizar procesos y facilitar el acceso ciudadano.
No obstante, preguntó de qué manera la implementación de herramientas como la “Bandeja de Administrador”, dentro del juicio en línea, ha impactado en la eficiencia operativa del Tribunal y qué mecanismos existen para garantizar que estas facultades se ejerzan bajo criterios de transparencia, seguridad jurídica y correcta administración digital; también reconoció el trabajo realizado, aunque señaló que aún existen retos por alcanzar.
En representación del Grupo Parlamentario del PAN, Fernando Rocha Amaro, recordó que el artículo 17 de la Constitución establece que la justicia debe ser pronta y expedita, y celebró que mediante el juicio sumario se haya logrado reducir en un 79 por ciento el tiempo de emisión de sentencias.
El legislador preguntó qué acciones específicas permitieron esta reducción, si hubo incremento de personal, si es posible disminuir aún más los tiempos y qué mecanismos existen para obligar a las autoridades a cumplir las resoluciones del Tribunal; también felicitó al magistrado presidente por su comparecencia y por los avances reportados.
A su vez, Martín Vivanco Lira de Movimiento Ciuddano reconoció la visión que tiene el tribunal, la cual esta enfoca en la protección del ciudadano y preguntó si la reducción en el número de amparos concedidos se debe a la mayor celeridad en las resoluciones; solicitó información sobre cuántos asuntos se encuentran en revisión y si ya existen sentencias firmes, así como el impacto de la capacitación en responsabilidades administrativas en la calidad de las resoluciones.
Por su parte, Héctor Herrera Núñez, en representación del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que, si bien existen avances, los datos del informe obligan a una revisión crítica; ya que en 2025 se recibieron 23 asuntos por responsabilidades administrativas y se emitieron 99 sentencias, pero solo en siete casos se determinó sanción por faltas graves, mientras que en 51 no se acreditó responsabilidad y en 32 se resolvió el sobreseimiento.
En su derecho de réplica, reconoció la importancia del juicio en línea para ampliar el acceso a la justicia en municipios alejados, ya que esta herramienta permitirá mayor confianza ciudadana, aunque subrayó que el pueblo de Durango exige resultados tangibles y consecuencias reales ante el mal uso de recursos públicos.
En su intervención, el diputado Osbaldo Santillán, del PVEM, reconoció la relevancia del tribunal como garante de la legalidad, pero señaló que persiste un debate público sobre los tiempos de resolución en asuntos que involucran a municipios; además preguntó cuáles son las causas específicas de dilación en ciertos procedimientos y qué medidas estructurales se implementan para evitar afectaciones presupuestales.
