TMEC: cuando los empresarios le recuerdan a Washington quién paga la factura.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
• Más de 60 cámaras de EE.UU. piden extender el acuerdo por 16 años y frenar nuevos aranceles, en vísperas de una revisión que pondrá a prueba la coherencia entre discurso proteccionista y realidad económica.
• Con más de 13 millones de empleos estadounidenses vinculados al comercio regional y cadenas de suministro profundamente integradas, el respaldo empresarial al tratado revela una verdad incómoda: Norteamérica compite como bloque o pierde como nación aislada. La revisión de julio no solo evaluará reglas de origen, sino el rumbo estratégico de la región frente al mundo.
En medio de la retórica proteccionista que vuelve a soplar desde Washington, más de 60 cámaras y organismos empresariales de Estados Unidos decidieron hacer algo poco glamuroso pero profundamente político: escribir una carta. No fue una misiva protocolaria. Fue, en realidad, un recordatorio de que la economía real suele ser menos estridente que la política electoral.
El mensaje enviado a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y dirigido a su titular, Jamieson Greer, es claro: el United States-Mexico-Canada Agreement (TMEC) debe extenderse por otros 16 años y mantenerse libre de nuevos aranceles. En otras palabras, el empresariado estadounidense le pide a su propio Gobierno que no juegue con la arquitectura comercial que sostiene buena parte de su competitividad.
El contexto no es menor. En julio inicia la revisión formal del acuerdo, mecanismo pactado desde su entrada en vigor en 2020 como evolución del antiguo North American Free Trade Agreement (TLCAN). Además, persiste el arancel global del 10% impuesto en febrero por Donald Trump, del cual están exentas las exportaciones que cumplen con las reglas del tratado. La tensión es evidente: discurso proteccionista por un lado, cadenas de suministro integradas por el otro.
Los empresarios firmantes —entre ellos la National Automobile Dealers Association, la Renewable Fuels Association y el American Petroleum Institute— no apelan a la diplomacia sentimental. Hablan de competitividad, manufactura, empleos y precios al consumidor. Señalan que modificar las reglas de origen sin claridad ni gradualidad podría generar disrupciones durante años, elevar costos y erosionar la posición de América del Norte frente a Asia y Europa. Traducido: tocar el engranaje sin cálculo puede salir más caro que el beneficio político inmediato.
Las cifras que esgrime la iniciativa privada son contundentes. Más de 13 millones de empleos estadounidenses dependen del comercio con México y Canadá. Ambos países representan un tercio de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos. Más de 100.000 pequeñas y medianas empresas venden bienes y servicios a sus vecinos norteamericanos. Y, en un dato revelador, los fabricantes estadounidenses exportan más a México y Canadá que a los siguientes 12 mercados más grandes combinados. Difícil hablar de “socios prescindibles” cuando son, en los hechos, el principal sostén exportador.
Para México el respaldo tiene una dimensión estratégica. Más del 80% de sus exportaciones se dirigen a Estados Unidos; el intercambio bilateral supera los 534.000 millones de dólares anuales e incluye desde vehículos hasta equipo de cómputo. En términos prácticos, la economía mexicana está profundamente anclada a la dinámica norteamericana. Un viraje abrupto en el TMEC no sería un ajuste técnico, sino un golpe estructural.
Sin embargo, el apoyo empresarial no equivale a un cheque en blanco. La USTR ya adelantó en su agenda de política comercial que buscará “subsanar deficiencias” del acuerdo, particularmente en normas regionales de origen. El debate no es trivial: elevar el contenido regional puede incentivar producción local, pero también encarecer insumos y reducir flexibilidad en sectores altamente integrados como el automotriz. El equilibrio entre seguridad industrial y eficiencia económica será el verdadero campo de batalla.
Hay aquí una paradoja interesante. Mientras el discurso político tiende a simplificar la relación comercial en términos de ganadores y perdedores nacionales, las empresas operan en cadenas trinacionales donde la identidad del producto es compartida. Un vehículo ensamblado en México puede incorporar acero estadounidense y componentes canadienses; una disrupción en cualquiera de los tres eslabones repercute en todos. La frontera es política; la cadena de valor, económica.
El espaldarazo de más de 60 organizaciones —y las 500 que ya se habían pronunciado en diciembre— revela algo más profundo: el TMEC dejó de ser solo un tratado comercial para convertirse en la columna vertebral de la estrategia competitiva de Norteamérica frente a China y otros bloques. En tiempos de relocalización industrial y nearshoring, desmontar esa estructura sería, por decir lo menos, contradictorio.
Desde una óptica política, la carta también envía un mensaje interno: la agenda comercial no puede definirse únicamente desde la Casa Blanca. El empresariado reclama voz en la revisión, pide certidumbre y, sobre todo, continuidad. No es romanticismo integracionista; es cálculo económico.
En suma, mientras algunos discursos coquetean con el nacionalismo económico, los números parecen votar por la integración. La revisión del TMEC será una prueba de madurez política para los tres gobiernos. Si prevalece la lógica de corto plazo, la región podría pagar un precio elevado. Si, en cambio, se impone la racionalidad económica que hoy defienden las cámaras estadounidenses, Norteamérica podría consolidarse como el bloque más competitivo del mundo occidental.
A veces, en política comercial, la verdadera audacia no está en romper acuerdos, sino en reconocer cuándo funcionan.
