POR: DIONEL SENA
DETECTAN OBSERVACIONES POR MIL MILLONES DE PESOS EN CUENTA PÚBLICA (2022) DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
La semana pasada, la titular de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, Diana Gabriela Gaytán dio a conocer ante la opinión pública que fueron detectadas observaciones por el orden de los mil millones de pesos de la cuenta pública del 2022, correspondientes al periodo de enero a agosto de ese año y de los cuales, solamente se pudieron solventar 800 mil pesos (monto ínfimo), por lo que la mayoría de esos recursos públicos, siguen sin ser aclarados y el principal responsable, aún prófugo.
Este tema definitivamente que no es menor, pues a la fecha, ya son 35 las denuncias penales contra ex servidores públicos del sexenio pasado, mismas que se presentaron entre febrero del 2025 y febrero del presente año, cuyos expedientes señalan como principales responsables a quienes operaban el área de finanzas de esa administración, tales como el sub Secretario de Egresos y el Secretario de Finanzas y Administración.
Por lo anterior, la titular de la Entidad de Auditoria Superior del Estado aclaró que será la Fiscalía General del Estado de Durango, la que en su momento determine si hay responsabilidad penal en este caso y si llega a configurarse daño al erario por esos recursos no comprobados, lo que de llegar a ocurrir, podrían expedirse más órdenes de aprehensión contra quien resulte responsable.
Se debe recordar que desde hace tiempo, se está buscando a quien se desempeñó como Secretario de Finanzas y Administración durante el sexenio pasado, sin embargo, y pesar de que ya hay una ficha roja ante la Interpol, para dar con su paradero, a la fecha, esto no ha sido posible y el citado sigue profugo de la justicia, de ahí que aún no se pueda precisar que fue lo que pasó con esos recursos públicos y el destino que tuvo ese dinero del erario.
Se debe precisar en torno a este caso que las sanciones no son automáticas y tampoco únicas, por lo que es determinante la investigación administrativa y en determinado caso, la penal, ello en el marco jurídico mexicano y que en este caso viene establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación penal estatal.
Por lo que las sanciones administrativas pudieran llegar a ser: desde una amonestación o suspensión del cargo; destitución del puesto que desde luego no es el caso; la inhabilitación para ocupar cargos públicos que pueden ir de 1 hasta los 20 años en casos graves; sanción económica equivalente al monto del daño o al beneficio obtenido; incluso también se contempla la responsabilidad resarcitoria, es decir, devolver el dinero, lo que por el monto ya comentado, difícilmente ocurrirá.
