por Eduardo Rodriguez
Y dale con la salud.
En México, las grandes reformas suelen comenzar con anuncios grandilocuentes y terminar enfrentándose con la realidad presupuestal. El reciente anuncio gubernamental para crear un sistema universal de salud, cuyo primer paso será un censo nacional acompañado de credencialización ciudadana para acceder a los programas de bienestar, parece encajar perfectamente en esa lógica: una narrativa políticamente rentable que llega justo cuando el calendario electoral comienza a marcar el ritmo de las decisiones públicas.
El gobierno lo presenta como un avance histórico hacia la cobertura total. Sin embargo, visto desde la operación real del Estado, el proyecto plantea más preguntas políticas que certezas sanitarias.
Porque el problema del sistema de salud mexicano no es saber cuantos ciudadanos existen ni identificarlos con una credencial adicional. El problema es que los hospitales están saturados, el personal medico es insuficiente, los medicamentos siguen faltando de manera intermitente y la infraestructura pública no crece al ritmo de la demanda.
Anunciar universalidad sin ampliar capacidades equivale a prometer acceso donde no existen condiciones materiales, humanas ni financieras para garantizarlo.
La decisión de iniciar con un censo y una credencialización masiva revela la verdadera prioridad el proyecto: construir un padrón centralizado vinculado a los programas sociales del gobierno federal. No se trata únicamente de salud; se trata de integrar en una sola plataforma administrativa a millones de beneficiarios del bienestar.
Y ahí aparece inevitablemente la lectura electoral. En un país donde los programas sociales representan el principal vinculo directo entre gobierno y ciudadania, la creación de una nueva credencial que funcione como puerta de entrada a apoyos públicos fortalece la capacidad de movilización política del aparato gubernamental. La salud, así, deja de ser exclusivamente una política pública para convertirse también en una herramienta de consolidación política rumbo a los próximos procesos electorales.
No es casual el timing. La universalización sanitaria se anuncia cuando el oficialismo busca consolidar su base social tras una transición presidencial y frente a elecciones intermedias que definirán el equilibrio político del Congreso.
En términos prácticos, ampliar beneficiarios es ampliar expectativas y las expectativas, en política, también generan lealtades.
El problema es que la realidad del sistema sanitario no admite discursos prolongados. Desde la desaparición del Seguro Popular, el sector salud ha atravesado una reorganización permanente que aun no logra estabilizarse. Las instituciones continuan fragmentadas, los sistemas administrativos no están plenamente integrados y el financiamiento publico permanece lejos de los estándares internacionales para sostener un modelo universal.
Mexico destina significativamente menos recursos públicos a salud que países con cobertura efectiva. Sin una expansión presupuestaria estructural, que implicaría decisiones fiscales políticamente costosas, la universalización corre riesgo de convertirse en un derecho sin capacidad operativa.
El resultado podría ser paradójico: un sistema “universal” que atienda peor. Se requiere conocer a fondo este nuevo sistema de salud para darle sostenibilidad no solo al discurso, sino al modelo. No hay claridad sobre nuevas inversiones hospitalarias, formación masiva de especialistas, fortalecimiento del primer nivel de atención, entre otras cosas.
Lo que si existe es propaganda electoral: primero el anuncio político, después la construcción institucional. Universalizar la salud es un objetivo legitimo y necesario para cualquier Estado moderno, lo cuestionable no es la meta, sino el método.
En materia de salud, la diferencia entre propaganda y transformación no se mide en credenciales emitidas, sino en camas disponibles, médicos y medicamentos suficientes y tratamientos garantizados.
