La polémica por la presunta colaboración de autoridades de Chihuahua con agencias de Estados Unidos escaló al Senado, donde legisladores de Morena advirtieron que no basta con una renuncia y que podría haber responsabilidades incluso penales.
Desde tribuna, senadores como Óscar Cantón Zetina, Enrique Inzunza y Manuel Huerta Ladrón de Guevara señalaron que la actuación de la gobernadora María Eugenia Campos y otras autoridades podría configurar el delito de traición a la patria, al permitir la participación de agentes extranjeros sin notificar al gobierno federal.
El argumento central es constitucional: el artículo 117 prohíbe a los estados establecer acuerdos o alianzas con gobiernos extranjeros. Para Morena, cualquier acción que comprometa la soberanía nacional debe investigarse a fondo.
Además, se cuestionó la creación de una unidad especializada en la fiscalía estatal para atender delitos federales, lo que —según los legisladores— invade facultades de la Fiscalía General de la República.
Del otro lado, el PAN cerró filas con la gobernadora. El senador Ricardo Anaya calificó el proceso como un intento de “linchamiento político” y defendió que recibir información de inteligencia para combatir al crimen no debería ser motivo de sanción.
La ausencia de Campos en la reunión con el Senado encendió aún más el debate. Argumentó que acudir podría comprometer información confidencial, pero su decisión fue duramente criticada por legisladores oficialistas, quienes la interpretaron como falta de transparencia.
El choque dejó claro que el tema va más allá de un operativo:
es una disputa directa sobre soberanía, seguridad nacional… y control político.
Y mientras el caso sigue sin resolverse, la pregunta crece en el fondo del debate:
¿cooperación internacional o violación constitucional?
