Morena busca empatar el marcador.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Por momentos, la política mexicana parece haberse convertido en una liga de revancha permanente. Un partido acusa, el otro responde; uno pide desafuero, el otro exige juicio político; uno habla de narcotráfico, el otro de soberanía nacional. Y en medio del intercambio de golpes, los ciudadanos terminan observando una especie de torneo donde todos se dicen indignados… mientras el país sigue incendiándose.
La nueva confrontación entre Morena y el PAN ilustra perfectamente esa dinámica. Apenas la dirigencia panista en el Congreso de la Unión promovió un juicio de procedencia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, cuando Morena respondió lanzando toda su artillería política sobre la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.
La dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel, viajó a Chihuahua para anunciar un juicio político contra la mandataria panista por haber permitido la participación de agentes estadounidenses en operativos terrestres contra el narcotráfico. Y no llegó sola: la acompañaron la senadora Andrea Chávez y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, casualmente los dos principales aspirantes de Morena rumbo a la gubernatura de 2027. Porque en México, hasta las conferencias sobre “soberanía nacional” suelen traer aroma electoral.
Montiel asegura que no existe intención de desviar la atención del caso Rocha Moya. Técnicamente, tiene razón: los reclamos de Morena sobre el operativo en la Sierra del Pinal comenzaron desde abril. Pero en política no solo importa el calendario; importa el momento. Y el momento no podría ser más conveniente para el oficialismo.
Mientras el PAN intenta colocar a Rocha Moya como el símbolo más incómodo de los presuntos nexos entre política y narcotráfico, Morena busca colocar al PAN en el banquillo de los acusados por “entregar” territorio nacional a agencias extranjeras. Es decir: si ustedes nos acusan de narcopolítica, nosotros los acusamos de violar la soberanía. Empate de escándalos. Marcador igualado.
Y hay que decirlo: Morena encontró un tema políticamente rentable. La presencia de agentes estadounidenses operando en territorio mexicano siempre despierta sensibilidades históricas. La narrativa funciona con facilidad en sectores nacionalistas: intervención extranjera, violación constitucional y subordinación frente a Washington. Ingredientes perfectos para construir indignación pública.
El problema es que el discurso tropieza con la realidad. Porque mientras Morena denuncia la presencia de la CIA en Chihuahua, el gobierno federal enfrenta un asunto infinitamente más delicado en Sinaloa: investigaciones abiertas sobre presunta intervención del crimen organizado en la elección de 2021, señalamientos desde Estados Unidos contra Rocha Moya y una Fiscalía General de la República que ha decidido reactivar expedientes relacionados con “Los Chapitos”, el secuestro del “Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén.
No se trata de un pleito menor. Si las investigaciones avanzan, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos políticos del sexenio. Porque una cosa es hablar de colaboración irregular con agencias extranjeras y otra muy distinta es que un gobernador emanado del partido gobernante aparezca mencionado en investigaciones relacionadas con estructuras criminales trasnacionales.
Por eso Morena necesita cambiar parcialmente la conversación pública. No eliminarla —porque eso ya es imposible—, pero sí diluirla. Y Chihuahua apareció como la oportunidad ideal.
Además, el escenario le permite al oficialismo golpear políticamente al PAN en uno de los estados más importantes rumbo a 2027. No es casualidad que Ariadna Montiel aprovechara el viaje para mostrar unidad entre Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, dos grupos internos que llevan meses disputándose el control político de Chihuahua. La fotografía tenía mensaje interno y externo: Morena ya comenzó campaña, aunque todavía falten años.
El PAN, desde luego, tampoco actúa por altruismo democrático. Su ofensiva contra Rocha Moya tiene mucho de justicia política… y bastante de ajuste de cuentas. Durante años, Morena convirtió la acusación de complicidad con el crimen organizado en una herramienta de desgaste contra gobiernos panistas y priistas. Ahora la oposición encontró un caso potencialmente devastador para devolver el golpe.
Lo verdaderamente preocupante es lo que queda fuera del espectáculo. Mientras Morena y PAN compiten por ver quién posee el escándalo más rentable, Chihuahua y Guanajuato encabezaron en abril las cifras nacionales de homicidios dolosos, y Sinaloa sigue atrapado en una crisis de violencia que parece haberse normalizado.
La discusión pública ya no gira alrededor de cómo resolver la inseguridad, sino sobre quién puede usarla mejor como arma electoral.
Y quizá ahí se encuentra la ironía más amarga de todas: en un país donde el crimen organizado parece infiltrarse cada vez más en la vida pública, los partidos políticos siguen actuando como si el verdadero problema fuera únicamente quién logra capitalizar el próximo escándalo antes que el adversario.
