El vecino incómodo y la tentación intervencionista.
Por:Alejandro Flores de la Parra.
Por momentos, la relación entre México y Estados Unidos parece una mezcla entre alianza estratégica, terapia de pareja y serie policiaca de streaming. Cooperan, se necesitan, se reclaman públicamente… y de vez en cuando uno amenaza con “hacer el trabajo” del otro. Esta semana tocó nuevamente el turno a Washington de subir el volumen.
El director de la DEA, Terrance Cole, lanzó una frase que sonó más a advertencia geopolítica que a declaración burocrática: “esto es apenas el principio de lo que está por venir en México”. Lo dijo al referirse a las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios ligados presuntamente al narcotráfico.
Casi al mismo tiempo, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dejó otra frase con aroma a ultimátum: México debe hacer más contra los cárteles “para que nosotros no tengamos que hacerlo”.
Traducido del lenguaje diplomático al español cotidiano: “cooperen más… o veremos cómo intervenir más”.
El fondo del asunto es delicado porque mezcla tres ingredientes explosivos: narcotráfico, soberanía y política electoral estadounidense. Y cuando esos elementos se combinan en Washington, rara vez terminan en declaraciones inocentes.
Sería absurdo negar que existe un problema profundo de infiltración criminal en estructuras políticas mexicanas. El caso de Genaro García Luna ya dejó claro que la colusión entre poder político y crimen organizado no era una teoría conspirativa inventada por sobremesas de café. Durante años, distintos gobiernos permitieron que el narcotráfico creciera no sólo como negocio ilegal, sino como estructura paralela de poder económico, territorial y político.
El problema para México es que ahora Estados Unidos parece decidido a construir una narrativa todavía más agresiva: no sólo hay funcionarios corruptos, sino que partes del aparato político mexicano operarían prácticamente asociadas con los cárteles.
Y ahí cambia completamente la discusión.
Porque una cosa es la cooperación bilateral en seguridad y otra muy distinta es abrir la puerta a una lógica intervencionista disfrazada de combate al fentanilo. Cuando Donald Trump insiste en que “los cárteles controlan México”, no está haciendo únicamente propaganda electoral; también está preparando el terreno político para justificar mayores presiones, operaciones encubiertas o incluso acciones unilaterales bajo el argumento de seguridad nacional.
En otras palabras: el discurso antidrogas comienza a parecerse peligrosamente al viejo manual estadounidense de “intervención preventiva”, sólo que ahora el enemigo no es el comunismo, sino el fentanilo.
Por supuesto, Washington tiene razones reales para preocuparse. La crisis de opioides en Estados Unidos ha provocado cientos de miles de muertes y se convirtió en uno de los principales problemas de salud pública de ese país. Pero también existe una dosis importante de hipocresía política en el enfoque estadounidense.
La DEA acusa a los cárteles mexicanos de “envenenar comunidades”, pero pocas veces se escucha con la misma intensidad una autocrítica sobre el gigantesco mercado consumidor estadounidense, la corrupción interna, el tráfico ilegal de armas hacia México o las fallas estructurales de su sistema de prevención de adicciones. Pareciera que Estados Unidos quiere resolver el problema del incendio señalando únicamente quién vende los cerillos, sin hablar de quién llena el cuarto de gasolina.
Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una ecuación particularmente incómoda. Necesita mantener la cooperación con Washington en seguridad, comercio y migración, pero al mismo tiempo no puede permitirse aparecer subordinado frente a amenazas externas. Mucho menos en un país donde la soberanía sigue siendo un tema emocionalmente rentable y políticamente explosivo.
El riesgo es evidente: que las acusaciones judiciales comiencen a mezclarse con cálculos electorales, presiones diplomáticas y discursos militaristas. Y cuando eso ocurre, la relación bilateral entra en una zona gris donde las fronteras entre cooperación y subordinación empiezan a desdibujarse.
México tiene la obligación de combatir al crimen organizado con seriedad y sin simulaciones. Pero también necesita entender que, para Washington, el tema ya dejó de ser exclusivamente de seguridad: ahora es también una herramienta de presión política.
Porque cuando Estados Unidos dice que quiere “ayudar”, la historia latinoamericana recomienda, por lo menos, revisar dos veces la letra chiquita.
