La verdad jurídica del aborto en Durango y la presión política.
Por: Juvenal Rosales Flores
La discusión sobre el aborto en Durango volvió a salir del terreno jurídico para instalarse nuevamente en la presión política y la desinformación pública. En medio de un debate legítimo y sensible, algunos colectivos feministas optaron por construir una narrativa exagerada sobre la resolución del Poder Judicial, asegurando que el Congreso local está obligado de inmediato a derogar artículos del Código Penal, cuando jurídicamente el alcance de la sentencia no es tan absoluto como intentan hacerlo creer.
El problema no es el derecho que tienen a defender su postura. Eso es legítimo en cualquier democracia, el problema comienza cuando desde el activismo se difunden interpretaciones falsas o exageradas sobre resoluciones judiciales con el objetivo de presionar políticamente al Poder Legislativo y desacreditar a las y los diputados locales.
Una representante de colectivos feministas aseguró públicamente aun medio de comunicación que el Poder Judicial Federal “obliga finalmente la derogación de los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado”, afirmando incluso que ya no existe posibilidad legal distinta para el Congreso.
Sin embargo, la propia interpretación hecha por legisladores locales y especialistas jurídicos muestra que la resolución no tiene los alcances absolutos que algunos intentan vender mediáticamente; el amparo tiene efectos relativos para los quejosos y no constituye automáticamente una derogación general del Código Penal.
De esta manera, el diputado de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco Lira fue claro al señalar que el tribunal establece protección específica para quienes promovieron el amparo, pero deja libertad al Poder Legislativo para continuar el análisis y discusión correspondiente sobre el tema.
En el mismo sentido, se pronunció el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Otniel García Navarro, quien precisó que la resolución judicial no obliga de manera inmediata a derogar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal, sino que los efectos se concentran en quienes promovieron el recurso jurídico.
Incluso, el maestro en Derecho David Gerardo Enríquez Díaz, quien forma parte de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango, advirtió que las presiones mediáticas y políticas ejercidas sobre el Congreso local parten de interpretaciones incorrectas sobre los alcances reales de la resolución judicial.
Eso cambia completamente la narrativa que algunos colectivos intentaron posicionar durante las últimas horas. Porque una cosa es afirmar que existe una resolución judicial importante y otra muy distinta asegurar falsamente que el Congreso ya está obligado sin margen alguno a modificar la legislación local.
Y aquí aparece otro problema, la facilidad con la que ciertos grupos pasan de la exigencia legítima a la descalificación política permanente. Apenas surge un criterio distinto al suyo, inmediatamente comienzan los señalamientos contra los diputados locales, acusándolos de “retrogradas”, “omisivos” o enemigos de los derechos de las mujeres.
La satanización constante del Poder Legislativo tampoco ayuda al debate público. El Congreso de Durango no ha permanecido inmóvil frente al tema. El año pasado las Comisiones Unidas de Justicia y Equidad de Género organizaron un conversatorio donde participaron especialistas, activistas y autoridades precisamente para discutir la despenalización del aborto desde distintas perspectivas.
Es decir, el tema sí se ha discutido institucionalmente. Existe debate, análisis legislativo y posiciones encontradas, como ocurre en prácticamente todo el país. Reducir toda diferencia política a una supuesta “negativa autoritaria” del Congreso es una simplificación que solo polariza aún más la discusión.
Además, hay un dato que pocas veces mencionan quienes buscan instalar una narrativa de persecución sistemática, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2023, 2024 y el 2025 no se inició ninguna carpeta de investigación por aborto en Durango, pese a que el delito continúa tipificado en el Código Penal estatal.
Eso no elimina el debate de fondo sobre derechos reproductivos, pero sí desmonta parcialmente el discurso alarmista que intenta presentar a Durango como un estado de persecución penal permanente contra las mujeres que deciden abortar.
El gran riesgo de manipular jurídicamente el tema es que se termina contaminando una discusión que debería darse con absoluta seriedad. El aborto no puede reducirse a consignas, presiones mediáticas o interpretaciones políticas acomodadas según convenga a determinados grupos.
Porque cuando desde el activismo se distorsiona deliberadamente el alcance de una resolución judicial, no solamente se desinforma a la sociedad. También se genera presión indebida sobre instituciones que tienen la obligación de actuar conforme a derecho y no conforme a campañas de presión pública.
Durango necesita un debate serio, responsable y jurídicamente correcto sobre la despenalización del aborto. Lo que menos ayuda es convertir una discusión compleja en un instrumento de confrontación política donde algunos intentan imponer su narrativa a partir de información incompleta o simplemente falsa.
