POR: LILY ORTIZ
El peligro de politizar la justicia
La discusión ya no es menor, y el cuestionamiento es: ¿las fiscalías están actuando para impartir justicia o se están convirtiendo en instrumentos de presión política? El debate volvió a escena tras los recientes citatorios y comparecencias de actores políticos opositores, particularmente en estados donde Morena aún no logra consolidar el poder.
El caso más visible es el de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, quien deberá responder ante la Fiscalía General de la República por el polémico tema de la presunta intervención de agentes de la CIA en territorio chihuahuense; y es que más allá del fondo jurídico, el caso detonó una narrativa política inevitable: la propia mandataria denunció una “persecución política pura y dura”, señalando que distintas instancias federales han activado procesos simultáneos en su contra.
La gobernadora incluso recordó que uno de los nuevos expedientes deriva de una denuncia promovida por Javier Corral, hoy senador de Morena y viejo adversario político dentro del estado. El problema no es solamente el citatorio; el problema es el contexto político en el que aparece.
Y hay que decirlo, Chihuahua no es cualquier estado, en 2027 renovará gubernatura y representa uno de los territorios donde Morena no ha logrado conquistar electoralmente el poder estatal. Lo mismo ocurre con Nuevo León, otro bastión estratégico rumbo a las próximas elecciones y donde ahora la FGR también mantiene investigaciones sobre el gobernador Samuel García y su entorno cercano, incluida Mariana Rodríguez, por presuntas triangulaciones financieras y uso indebido de recursos públicos.
Por supuesto que toda denuncia debe investigarse; sería irresponsable plantear que un gobernador, funcionario o actor político deba quedar blindado frente a cualquier señalamiento; y en efecto la justicia tiene la obligación de actuar. El problema comienza cuando los tiempos políticos coinciden demasiado con las ofensivas judiciales.
También en Sinaloa aparecieron movimientos relevantes; el hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya compareció ante la FGR asegurando acudir “con la frente en alto”, mientras que el vicefiscal con licencia Dámaso Castro Saavedra hizo lo propio rechazando señalamientos provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, existe una diferencia política importante: en esos casos no existe confrontación abierta con el gobierno federal ni disputa electoral inmediata contra Morena, porque se trata precisamente de perfiles vinculados al oficialismo.
Ahí es donde nace la percepción pública de selectividad, porque por lo menos la percepción pudiera ser que cuando las investigaciones parecen concentrarse en opositores o en estados políticamente incómodos para el partido en el poder, la línea entre justicia y operación política comienza a desdibujarse.
La FGR enfrenta entonces un reto delicadísimo: demostrar que sus investigaciones responden únicamente a criterios jurídicos y no a coyunturas electorales. Porque en democracia no basta con que exista legalidad; también debe existir credibilidad institucional. Además de recordar que se supone que las fiscalías son organismos autónomos, por lo menos así dice en el papel aunque en el hecho se debe de demostrar y reafirmar.
Si las fiscalías terminan siendo vistas como herramientas de presión política, el daño no será únicamente para los gobernadores investigados; el verdadero golpe será contra la confianza ciudadana en las instituciones de justicia; que de por si la imagen que tiene no es muy positiva ante la sociedad.
