Democracia en oferta: La austeridad y el hilo negro.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En México hay algo que siempre vende políticamente: prometer austeridad. Y si además se hace señalando salarios elevados de funcionarios públicos, el aplauso suele venir incluido sin necesidad de preguntar demasiado por las consecuencias. El problema comienza cuando la lógica del ahorro empieza a confundirse con la lógica del debilitamiento institucional.
Esta semana, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció el informe que plantea una profunda reestructuración salarial y administrativa rumbo al ejercicio 2027. La propuesta incluye reducción de compensaciones, eliminación de seguros médicos privados y de separación individualizada para más de 3 mil plazas directivas, ajustes salariales en áreas técnicas y directivas, así como la homologación de percepciones conforme al artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede ganar más que la titular del Ejecutivo Federal.
En términos políticos, el movimiento era inevitable. El discurso de la austeridad republicana lleva años construyendo una narrativa en la que cualquier organismo autónomo con salarios altos es presentado como una especie de club de privilegios financiado por ciudadanos que apenas sobreviven entre inflación, impuestos y créditos eternos. Y claro, en un país donde el salario promedio ronda los 17 mil pesos mensuales, resulta difícil convencer al electorado de que un consejero electoral necesita ganar más de 250 mil pesos brutos al mes.
El problema no es la reducción salarial en sí misma. El problema es lo que puede venir después.
Porque detrás del aplauso fácil al “ya les bajaron el sueldo”, aparece una pregunta mucho más delicada: ¿cuánto cuesta realmente una democracia profesional y técnicamente sólida?
El propio informe del INE reconoce que el ajuste busca “racionalizar” el gasto y alinear las percepciones al nuevo marco constitucional. La reducción estimada sería de 375.9 millones de pesos respecto al presupuesto 2026. La cifra luce enorme en conferencia mañanera, aunque en realidad representa una fracción mínima del gasto federal total. Dicho de otro modo: financieramente el Estado mexicano no se salva por recortar prestaciones al INE. Pero políticamente el mensaje es potentísimo.
La discusión de fondo es otra. Diversos especialistas y exconsejeros electorales han advertido que la combinación entre recortes presupuestales, presión política y disminución de incentivos laborales puede traducirse en fuga de perfiles técnicos altamente especializados.
Y ahí es donde la democracia empieza a abaratarse.
Porque organizar elecciones en un país como México no es exactamente coordinar una kermés escolar. Implica instalar más de 170 mil casillas, capacitar millones de funcionarios ciudadanos, blindar cadenas de custodia, fiscalizar recursos de partidos, operar sistemas informáticos complejos y enfrentar la creciente presión del crimen organizado sobre procesos electorales locales.
Paradójicamente, mientras aumentan los riesgos políticos y de seguridad, la tendencia institucional apunta a disminuir capacidades técnicas y márgenes de autonomía. Algunos consejeros incluso han advertido posibles conflictos constitucionales y laborales derivados de estos ajustes.
La ironía mexicana aparece sola: queremos elecciones impecables, rápidas, confiables y baratas… como si la democracia pudiera operar bajo el modelo de “todo incluido” de una aplicación de descuentos.
En el fondo, el debate no trata únicamente sobre salarios. Trata sobre autonomía.
Los organismos autónomos nacieron precisamente para crear contrapesos frente al poder político. Y los contrapesos, por definición, suelen ser incómodos. Lorenzo Córdova advertía desde años atrás que los riesgos para estos organismos incluían asfixia presupuestal, ataques políticos y reformas orientadas a reducir márgenes de independencia. Más recientemente, exconsejeras como Dania Ravel y Claudia Zavala han insistido en que la presión política y presupuestal sobre el INE puede terminar erosionando su capacidad técnica y su autonomía real.
Y aquí aparece el dato incómodo para todos los bandos: una democracia barata suele salir carísima después.
América Latina tiene suficientes ejemplos de instituciones electorales debilitadas que terminaron abriendo espacio a conflictos postelectorales, polarización extrema o pérdida de confianza ciudadana. Cuando los árbitros se perciben frágiles, subordinados o técnicamente disminuidos, los partidos dejan de aceptar resultados y la sospecha sustituye a la certeza.
Por supuesto, tampoco puede defenderse un esquema de privilegios ilimitados bajo el argumento de la autonomía. El INE cometió durante años el error político de encapsularse en una lógica burocrática poco sensible frente a la realidad económica del país. Esa desconexión alimentó la narrativa oficialista que hoy justifica los recortes con enorme respaldo popular.
Pero entre el privilegio y el debilitamiento institucional debería existir un punto de equilibrio.
Porque si la democracia mexicana entra en modo “versión económica”, quizá descubramos demasiado tarde que los ahorros presupuestales terminan cobrando intereses políticos altísimos.
Y en México ya sabemos algo: cuando las instituciones se abaratan, el poder casi siempre se encarece.
