¿Y si ni México está pudiendo, presidenta?
Por: Alejandro Flores de la Parra.
La relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido una mezcla extraña entre matrimonio por conveniencia, pleito vecinal y terapia de pareja obligatoria. Se necesitan, se contradicen, se culpan mutuamente y, aun así, ninguno puede simplemente levantarse de la mesa e irse. Por eso, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum le recordó al embajador estadounidense Ronald Johnson que “los embajadores deben ser respetuosos de los asuntos internos de los países”, el mensaje no solo fue diplomático: también fue político, electoral y profundamente simbólico.
Johnson había señalado que convertir la lucha contra los cárteles en una discusión política representa “una oportunidad perdida” para proteger a la población. Y aunque la respuesta de Sheinbaum apeló a la soberanía nacional y a la doctrina histórica de no intervención, la pregunta inevitable terminó flotando en el aire como humo incómodo en conferencia mañanera: si los asuntos internos le corresponden exclusivamente a los mexicanos… ¿por qué tantos siguen sin resolverse?
Porque la realidad nacional hoy parece un tablero lleno de focos rojos simultáneos. El país enfrenta conflictos crecientes con agricultores que reclaman mejores condiciones y precios para sus cosechas; protestas magisteriales que han escalado hasta enfrentamientos con fuerzas de seguridad; regiones enteras donde la violencia criminal dicta horarios, rutas y silencios; y una inflación que, aunque oficialmente moderada en comparación con años anteriores, sigue golpeando el bolsillo de millones de familias con el aumento persistente en alimentos, vivienda y servicios.
Y ahí es donde el discurso soberanista empieza a chocar con una realidad menos épica y más incómoda.
Porque defender la soberanía es legítimo. Lo es históricamente y lo es políticamente. México tiene razones de sobra para desconfiar del intervencionismo estadounidense: invasiones, operaciones encubiertas, presiones económicas y una larga tradición de “ayuda” que casi siempre llega acompañada de intereses estratégicos. Pero una cosa es defender la soberanía y otra muy distinta utilizarla como escudo retórico cuando los problemas internos se acumulan sin solución visible.
El problema no es que Washington opine. Washington siempre opina. El problema es que cada vez que lo hace, deja al descubierto las grietas que el gobierno mexicano no ha logrado cerrar.
Ahí está el caso de la violencia ligada al narcotráfico. Oficialmente, el discurso insiste en que México actúa en su territorio y Estados Unidos en el suyo. Suena impecable en términos diplomáticos. El detalle es que los cárteles tampoco respetan fronteras, constituciones ni discursos patrióticos. Operan como corporaciones multinacionales del crimen mientras ambos gobiernos siguen discutiendo quién invade políticamente a quién.
Y en medio de esa discusión, los ciudadanos siguen pagando derecho de piso, desapareciendo en carreteras, viviendo bajo amenazas o viendo cómo ciertas regiones del país parecen administradas más por grupos criminales que por autoridades civiles.
Por eso el debate real no es si Ronald Johnson se excedió —probablemente sí— ni si Sheinbaum tenía derecho a responder —por supuesto que lo tenía—. El debate de fondo es otro: ¿qué ocurre cuando un gobierno exige respeto absoluto a su soberanía mientras amplios sectores de la población sienten que el Estado ha perdido control, capacidad o eficacia para resolver problemas esenciales?
Porque entonces aparece la contradicción incómoda: “los asuntos de México les corresponden a los mexicanos”, sí… pero muchos mexicanos comienzan a preguntarse quién se hará cargo cuando ni el gobierno, ni los estados, ni las instituciones parecen poder hacerlo plenamente.
La paradoja es brutal. México rechaza con firmeza cualquier insinuación de intervención extranjera, pero al mismo tiempo depende económicamente de Estados Unidos, coordina estrategias de seguridad con agencias estadounidenses, negocia permanentemente temas migratorios, comerciales y energéticos con Washington y comparte con ese país una crisis binacional de narcotráfico que ningún discurso patriótico puede encapsular dentro de una frontera.
En política, la soberanía sigue siendo un poderoso combustible emocional. Y Sheinbaum entendió perfectamente el valor simbólico de decir que “México no es piñata de nadie”. La frase conecta, emociona y cohesiona. Pero gobernar exige algo más complejo que frases memorables: exige resultados.
Porque cuando un ciudadano no puede salir tranquilo a carretera, cuando un productor agrícola no encuentra rentabilidad, cuando un maestro toma calles porque no encuentra respuestas institucionales, o cuando una familia siente que el salario alcanza cada vez menos, la discusión diplomática sobre los límites del embajador estadounidense deja de ser el centro del problema.
Y entonces surge la pregunta más delicada de todas:
Si ni México puede resolver completamente sus propios asuntos… ¿a quién le corresponde hacerlo?
