El salario magisterial: cuando el aumento no alcanza para presumirse.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
A dos días de la inauguración del Mundial 2026 —ese escaparate donde México busca vender estabilidad, modernidad y capacidad organizativa— el gobierno federal enfrenta otra postal menos cómoda: las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.
Desde Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, intentó desactivar el conflicto con un mensaje que, aunque políticamente entendible, terminó exhibiendo una de las grandes trampas narrativas de la política mexicana: confundir incremento nominal con mejora real.
“No es necesario hacer este tipo de manifestaciones”, dijo el titular de la SEP, mientras defendía que hoy los maestros ganan más que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Las cifras presentadas fueron contundentes en apariencia: de 9 mil 200 pesos mensuales durante el calderonismo, a más de 11 mil con Peña Nieto, 17 mil 635 pesos con López Obrador y más de 20 mil pesos en la administración de Claudia Sheinbaum.
El problema es que el salario no se mide solamente por cuánto dinero entra al bolsillo, sino por cuánto alcanza para vivir.
Y ahí es donde el discurso oficial empieza a perder fuerza.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, el salario promedio magisterial era ciertamente bajo y el país enfrentó episodios inflacionarios importantes derivados de la crisis financiera internacional de 2008. Sin embargo, el costo de productos básicos, renta, transporte y servicios todavía permitía que el deterioro salarial fuera menos agresivo que el que hoy viven millones de familias.
Con Enrique Peña Nieto hubo incrementos graduales, aunque insuficientes frente al aumento acumulado del costo de vida. La reforma educativa de 2013 además fracturó la relación política entre el Estado y una parte importante del magisterio, particularmente con la CNTE.
La administración de Andrés Manuel López Obrador modificó esa relación política y eliminó componentes centrales de la reforma peñista. También impulsó aumentos salariales relevantes para el sector educativo. Sin embargo, la inflación posterior a la pandemia golpeó severamente el poder adquisitivo. Entre 2021 y 2024, México registró algunos de los mayores incrementos de precios en alimentos, vivienda y servicios de las últimas décadas recientes.
En otras palabras: sí, los maestros hoy ganan más pesos que antes, pero esos pesos compran menos de lo que el discurso oficial pretende sugerir.
Un docente que hace diez años destinaba una parte manejable de su ingreso a gasolina, despensa o renta, hoy enfrenta costos muy superiores en prácticamente todos los rubros esenciales. El incremento salarial ha existido, pero buena parte ha sido absorbido por la inflación.
Por eso resulta políticamente arriesgado presentar el aumento nominal como si fuera automáticamente una recuperación integral de bienestar.
Más aún cuando la propia administración federal mantiene pendiente una de las principales promesas hechas al sector público: la homologación salarial para maestros, personal de salud y policías con el salario promedio registrado ante el IMSS, que ronda los 20 mil pesos mensuales.
La reforma fue aprobada por el Senado y presentada como una medida de “dignificación” laboral. Sin embargo, hasta ahora no se ha materializado plenamente en una legislación operativa ni en una aplicación presupuestal de alcance nacional. Es decir, el gobierno presume un objetivo salarial que todavía no termina de convertirse en realidad para miles de trabajadores públicos.
Y ahí aparece otro elemento político relevante: la CNTE no protesta únicamente por el monto del salario.
La exigencia central sigue siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, particularmente el sistema de pensiones basado en cuentas individuales, además de la desaparición total del Usicamm. Se trata de demandas estructurales que trascienden el debate sobre incrementos anuales.
Por ello, afirmar que “no es necesario manifestarse” puede interpretarse más como una postura de desgaste político que como una solución de fondo. Especialmente porque la historia reciente del actual movimiento gobernante se construyó precisamente reivindicando la protesta social como herramienta legítima de presión.
La paradoja es inevitable: quienes ayer defendían el derecho a bloquear avenidas, tomar plazas y presionar al gobierno, hoy llaman a evitar manifestaciones porque afectan la estabilidad política y la imagen del país en vísperas de un evento global.
Y quizá ahí está el verdadero fondo del asunto.
El gobierno necesita llegar al Mundial con gobernabilidad visible, calles funcionales y una narrativa de estabilidad. La CNTE, por su parte, entiende perfectamente el valor político de presionar justo cuando México estará bajo reflectores internacionales.
Porque en política, como en el fútbol, el momento del gol importa tanto como el marcador.
