La democracia sitiada… pero “sin pruebas”.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En México hay algo más difícil que ganar una elección: lograr que las autoridades electorales reconozcan que el crimen organizado intervino en ella. Porque en este país pueden aparecer hombres armados robando urnas, levantando operadores políticos, amenazando candidatos, bloqueando carreteras, secuestrando familiares o marcando boletas a punta de fusil… y aun así concluir oficialmente que “no existieron elementos suficientes” para alterar la voluntad ciudadana.
La democracia mexicana ha desarrollado una curiosa capacidad de adaptación: convive con la violencia criminal como quien aprende a dormir junto a una gotera permanente. Incómoda, escandalosa, evidente… pero aparentemente normalizable.
El caso de Sinaloa volvió a colocar el tema sobre la mesa internacional. Las acusaciones contra el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos, pactos o protección política a estructuras criminales no surgieron recientemente. Acompañaron prácticamente todo el proceso electoral de 2021. Lo verdaderamente revelador es que Sinaloa no fue una excepción: fue apenas el síntoma más visible de una enfermedad nacional.
En Michoacán, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo algo inédito: reconoció oficialmente que grupos del crimen organizado intervinieron en la elección donde Alfredo Ramírez Bedolla resultó gobernador. Hubo intimidación armada a votantes, casillas tomadas, representantes de oposición expulsados y boletas marcadas por grupos criminales. Pero la elección no se anuló. La razón fue casi poética: la violencia había sido “focalizada”.
Es decir, si la democracia fue secuestrada solamente en algunos municipios, entonces la democracia seguía funcionando razonablemente bien.
La sentencia terminó convirtiéndose en un retrato brutal del sistema electoral mexicano: se acepta la infiltración criminal, siempre y cuando no sea demasiado escandalosa estadísticamente.
En Sinaloa ocurrió algo todavía más perturbador. Mientras se desarrollaba la jornada electoral de 2021, operadores políticos del PRI y de otros partidos fueron privados de su libertad por grupos armados. Algunos fueron retenidos en bodegas; otros desaparecieron temporalmente; varios denunciaron amenazas de muerte. Hubo denuncias federales, testimonios públicos y señalamientos directos sobre la intervención de grupos criminales para inhibir la operación electoral opositora.
Pero nuevamente apareció el gran muro burocrático mexicano: “faltan pruebas”.
En México, curiosamente, los videos, los testimonios, las denuncias, las narcomantas, los levantones y hasta las filtraciones militares parecen no alcanzar el estándar probatorio suficiente cuando el tema toca el delicado matrimonio entre política y crimen organizado.
San Luis Potosí ofrece otro capítulo digno de estudio. Ricardo Gallardo Cardona llegó a la gubernatura arrastrando antecedentes de investigaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Años después, documentos filtrados por Guacamaya exhibieron reportes militares donde se le vinculaba con presuntos pactos entre grupos criminales. Nada ocurrió. Absolutamente nada.
La narcopolítica mexicana parece tener un blindaje peculiar: mientras no exista sentencia firme, todo queda reducido al cómodo terreno de las “acusaciones políticas”. Y en ese limbo pueden transcurrir sexenios completos.
Nuevo León aportó un ingrediente distinto: las acusaciones cruzadas. Samuel García y Adrián de la Garza se denunciaron mutuamente por presuntos vínculos con grupos criminales. Videos, depósitos bancarios, narconóminas y señalamientos públicos inundaron la campaña. El resultado fue el mismo: todas las denuncias terminaron desechadas.
La moraleja parece clara: en México la relación entre política y crimen organizado es suficientemente grave para dominar campañas electorales… pero insuficiente para judicializarse seriamente.
Y luego está Chiapas, quizá el ejemplo más alarmante. Ahí la violencia dejó de ser un fenómeno periférico para convertirse prácticamente en un actor electoral. Casillas suspendidas, candidatos asesinados, municipios completos bajo control criminal y más de 60 mil ciudadanos privados del voto muestran un deterioro democrático profundo. Sin embargo, incluso frente a semejante escenario, las instituciones siguen reaccionando con lentitud desesperante, como si el incendio pudiera apagarse llenando formatos administrativos.
El problema de fondo no es únicamente la infiltración criminal. Eso, lamentablemente, ocurre desde hace décadas. El verdadero problema es la normalización institucional del fenómeno.
México pasó de escandalizarse por la presencia del crimen organizado en la política… a discutir únicamente si existen pruebas “jurídicamente suficientes” para reconocer algo que socialmente resulta cada vez más evidente.
Porque mientras las autoridades electorales debaten tecnicismos, los grupos criminales parecen haber entendido perfectamente cómo funciona el sistema: no necesitan controlar todo el territorio; basta con influir selectivamente, intimidar estratégicamente y operar donde las elecciones se deciden por márgenes estrechos.
La democracia mexicana no necesariamente está secuestrada por completo. Pero sí parece vivir bajo amenaza permanente. Y quizá el dato más preocupante es que ya casi nadie se sorprende.
Tal vez por eso la frase más representativa de esta etapa política no sea “sufragio efectivo” ni “voluntad popular”. Probablemente sea esa que se repite una y otra vez desde las conferencias oficiales hasta los expedientes judiciales:
“No hay pruebas suficientes”.
Aunque el país entero haya visto demasiado.
