La CNTE y la factura de las promesas.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En política mexicana existe una costumbre tan vieja como el café recalentado de las oficinas públicas: prometerlo todo en campaña… y después administrar las decepciones desde el gobierno. El problema aparece cuando quienes escucharon las promesas sí toman nota, sí se organizan y sí tienen capacidad para paralizar calles, aeropuertos y, eventualmente, hasta un Mundial de futbol.
Eso es exactamente lo que hoy enfrenta el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en medio de un paro nacional que ya dejó claro que el magisterio disidente no piensa conformarse con discursos de buena voluntad, mesas eternas de diálogo ni comunicados redactados con aroma a burocracia solidaria.
La propuesta presentada por el gobierno federal —fortalecer PENSIONISSSTE y explorar la creación de una aseguradora pública para administrar pensiones— intenta venderse como un paso histórico hacia la recuperación del carácter social del sistema pensionario. En teoría, suena bien. En narrativa política, todavía mejor: rescatar lo público, corregir las reformas “neoliberales” de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón y construir un modelo más justo para los trabajadores del Estado.
El detalle incómodo es que la CNTE no está reclamando imaginación administrativa. Está exigiendo cumplimiento político.
Durante la campaña presidencial de 2024, Claudia Sheinbaum prometió dos cosas particularmente sensibles para el magisterio: homologar el salario docente al salario promedio registrado en el IMSS —hoy cercano a los 20 mil pesos mensuales más prestaciones— y avanzar hacia la derogación de las reformas pensionarias de 1997 y 2007, precisamente las que instauraron el modelo de cuentas individuales manejadas por Afores.
Ahora, desde el poder, la narrativa cambió del “vamos a revertir” al mucho más prudente “vamos a fortalecer”, que en el lenguaje político mexicano suele significar: no hay dinero suficiente para cumplir lo prometido, pero sí para intentar administrar el enojo.
Y ahí aparece la verdadera contradicción del oficialismo. Durante años, Morena construyó buena parte de su legitimidad política respaldándose en sindicatos, movimientos sociales y organizaciones inconformes con las reformas estructurales del pasado. La CNTE fue, en muchos momentos, aliada táctica, fuerza de movilización y símbolo de resistencia contra gobiernos priistas y panistas.
Pero el romance político cambia radicalmente cuando los aliados dejan de ser oposición y se convierten en presión presupuestal.
Hoy, desde algunos sectores del oficialismo, a los integrantes de la CNTE ya no se les llama luchadores sociales. Ahora aparecen etiquetados como “porros”, “radicales” o incluso “prianistas infiltrados”. La transformación semántica resulta fascinante: el mismo movimiento que antes era pueblo organizado, hoy es acusado de desestabilizador cuando exige que se cumpla lo prometido en campaña.
El problema para el gobierno es que la CNTE entiende perfectamente el valor político del momento. Sabe que México está a las puertas del Mundial de 2026, que la imagen internacional importa y que cualquier amenaza de bloqueos masivos genera más presión mediática que cien conferencias mañaneras.
Por eso el mensaje de “podemos paralizar el Mundial” no es solamente una amenaza sindical; es una advertencia política cuidadosamente calculada.
Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación condena la violencia, los bloqueos y las afectaciones a la movilidad en la Ciudad de México. Y tiene razón. Ninguna causa social debería convertirse en permiso automático para afectar derechos de terceros, comerciantes o ciudadanos atrapados en avenidas cerradas. El problema es que la autoridad también enfrenta una contradicción delicada: durante años, buena parte del movimiento gobernante defendió exactamente ese tipo de protestas cuando eran útiles para erosionar a gobiernos anteriores.
En política, las hemerotecas suelen ser más crueles que la oposición.
El fondo del conflicto revela algo todavía más profundo: el enorme choque entre las promesas ideológicas y las limitaciones financieras del Estado mexicano. Desmantelar de golpe el sistema de cuentas individuales implicaría costos multimillonarios que difícilmente podrían absorberse sin afectar finanzas públicas, deuda o gasto social. El gobierno lo sabe. Hacienda lo sabe. Los mercados lo saben. Y probablemente la CNTE también.
Pero las campañas electorales tienen una característica peligrosa: generan expectativas reales en personas reales.
La gran pregunta es si el gobierno de Sheinbaum logrará convertir esas expectativas en acuerdos graduales o si terminará atrapado en el mismo laberinto que durante años criticó desde la oposición: prometer transformaciones históricas mientras la realidad presupuestal apenas alcanza para administrar crisis.
Porque al final, la política mexicana tiene una ironía permanente: todos prometen acabar con el viejo régimen… hasta que descubren cuánto cuesta hacerlo.
