• Garantizar y facilitar el acceso representa una acción estratégica para materializar la justicia social.
La diputada Flora Leal Méndez propuso reformas a la Ley de Desarrollo Social para el Estado, a fin de garantizar que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad puedan recibir en sus domicilios información, orientación, realizar trámites y acceder a los programas sociales, cuando sus condiciones de salud, movilidad o les impidan acudir a los módulos de atención.
“Desde la perspectiva de los principios que orientan la Cuarta Transformación, garantizar y facilitar el acceso de la población a los programas sociales representa una acción estratégica para materializar la justicia social. La verdadera eficacia de la política social se mide en su capacidad para llegar oportunamente a las personas que más lo necesitan”, expresó a nombre del Grupo Parlamentario de Morena.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, explicó que, aunque existen programas y apoyos institucionales, miles de personas enfrentan obstáculos para acceder a ellos debido a los trámites presenciales, los largos traslados, la falta de transporte accesible, las barreras físicas y de comunicación, así como las condiciones de salud que limitan su movilidad, situación que afecta principalmente a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.
“Cuando una persona adulta mayor o una persona con discapacidad pierde la posibilidad real de acceder a un programa social por la distancia de los módulos de atención o por la imposibilidad física de realizar un trámite presencial, el problema no está únicamente en su condición personal, sino en la ausencia de mecanismos institucionales que eliminen esas barreras”, afirmó.
En su exposición de motivos, recordó que, de acuerdo con datos del INEGI, el 28.2 por ciento de la población de 60 años o más en Durango presenta algún tipo de discapacidad, mientras que más de 528 mil personas viven en situación de pobreza, condiciones que hacen indispensable acercar los servicios públicos a quienes enfrentan mayores dificultades para ejercer plenamente sus derechos.
“Esta iniciativa no modifica las reglas de operación de los programas sociales ni elimina los mecanismos de validación. Lo que busca es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, asegurando su acceso a la información y a los apoyos en condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación”, puntualizó la legisladora.
Finalmente, Leal Méndez reiteró que, como integrante de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, continuará impulsando acciones legislativas que fortalezcan la inclusión y la justicia social, para que ninguna persona quede excluida del acceso a los programas gubernamentales por razones de edad, discapacidad o falta de movilidad.
