El huachicol que no desapareció… solo cruzó la frontera del discurso.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Durante meses, el Gobierno mexicano ha insistido en que el combate al huachicol fiscal avanza con paso firme. Sin embargo, hay un problema cuando el discurso oficial se encuentra de frente con los reportes de inteligencia financiera de otro país: alguien necesariamente está equivocado.
Las nuevas sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos empresarios mexicanos y nueve empresas vinculadas, presuntamente, a una red de contrabando de combustibles operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación no son un asunto menor. No se trata únicamente del congelamiento de cuentas o de restricciones comerciales. Lo verdaderamente delicado es el mensaje político que contienen.
Mientras en México se habla de una reducción significativa del huachicol fiscal, Washington afirma que, tan solo durante el último año, detectó 160 operaciones sospechosas por alrededor de 7 mil millones de dólares relacionadas con este esquema de contrabando. No parece precisamente la radiografía de un delito en vías de extinción.
El llamado huachicol fiscal es, además, una versión mucho más sofisticada del robo de combustibles que durante años ocupó titulares por las tomas clandestinas. Aquí no hacen falta perforaciones espectaculares ni largas filas de bidones; basta con documentos aduanales falsificados, empresas fachada, facturas alteradas y una logística internacional sorprendentemente eficiente. Es el crimen organizado vestido de traje, con contador, agente aduanal y probablemente mejores hojas de cálculo que muchas dependencias públicas.
Las investigaciones estadounidenses incluso describen un entramado binacional donde participan proveedores, intermediarios, empresas fantasma y operadores financieros capaces de mover millones de dólares mientras el combustible cruza la frontera disfrazado de cualquier cosa… menos de combustible.
Más preocupante todavía resulta que una de las empresas ahora sancionadas ya había aparecido años atrás en investigaciones relacionadas con violaciones a las sanciones contra la petrolera venezolana PDVSA y también figuraba en expedientes de la Fiscalía General de la República. La pregunta inevitable es si las autoridades mexicanas llegaron tarde, avanzaron lentamente o simplemente observaron cómo la red seguía creciendo.
Y hay otro elemento que merece atención. La alerta de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos no solamente habla de lavado de dinero mediante bienes de lujo y bienes raíces. También advierte que recursos provenientes de estas actividades ilícitas pueden terminar financiando campañas políticas y favoreciendo a funcionarios corruptos. No formula acusaciones específicas contra actores mexicanos, pero sí describe un mecanismo que, de confirmarse en casos concretos, representa una amenaza directa para la integridad de las instituciones democráticas.
Paradójicamente, el propio informe estadounidense reconoce que las acciones recientes lograron disminuir el ingreso de petróleo robado de México hacia Estados Unidos. Es decir, cuando hubo una estrategia focalizada, hubo resultados. En cambio, el flujo ilegal de combustibles refinados en sentido inverso continúa mostrando una capacidad de adaptación que parece ir siempre un paso adelante de las autoridades.
Quizá la mayor enseñanza de este episodio sea que el combate al crimen organizado ya no puede medirse únicamente por el número de decomisos o conferencias de prensa. Los cárteles dejaron hace tiempo de ser organizaciones dedicadas exclusivamente al tráfico de drogas. Hoy operan complejas redes financieras, logísticas y empresariales que aprovechan vacíos regulatorios, corrupción institucional y mercados internacionales.
Porque el verdadero problema del huachicol fiscal no es únicamente que robe miles de millones al erario. Es que demuestra la enorme capacidad de las organizaciones criminales para infiltrarse donde más duele: las cadenas comerciales, los sistemas financieros y, eventualmente, los espacios donde se toman las decisiones públicas.
Al final, la gasolina podrá cambiar de etiqueta para cruzar una aduana. Lo que resulta mucho más difícil es cambiarle la etiqueta a una realidad que insiste en desmentir el optimismo oficial.
