Cuando la diplomacia deja de tocar la puerta.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Durante meses, México tocó la puerta de Washington con guantes diplomáticos. Envió notas formales, cartas de protesta, reclamos consulares y llamados a organismos internacionales. Once veces pidió explicaciones. Once veces esperó respuestas. Y once veces descubrió que, en materia migratoria, la diferencia entre una nota diplomática y una botella lanzada al mar puede ser meramente estética.
La decisión del Gobierno de Claudia Sheinbaum de solicitar investigaciones penales contra autoridades estadounidenses y de emprender acciones civiles contra empresas privadas que administran centros de detención marca un cambio político relevante: México ha decidido pasar del lenguaje de la preocupación al lenguaje de la responsabilidad jurídica.
No se trata de un gesto menor. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de su política migratoria, al menos 17 mexicanos han muerto bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): catorce dentro de centros de detención y tres durante acciones para su captura. Detrás de cada cifra hay un nombre, una familia y una pregunta que hasta ahora nadie en Estados Unidos parece tener demasiada prisa por responder.
La ironía es inevitable. Washington suele presentarse ante el mundo como el principal auditor global de los derechos humanos, pero cuando las acusaciones apuntan hacia sus propias instituciones, la transparencia parece enfrentar largos procesos migratorios para cruzar la frontera burocrática.
La apuesta mexicana tampoco está exenta de riesgos. Jurídicamente, las posibilidades de que fiscales estatales o el Departamento de Justicia estadounidense procesen a funcionarios propios por presión extranjera son reducidas. Las acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen un peso moral considerable, pero una capacidad coercitiva limitada. Y las demandas civiles contra empresas privadas como las operadoras de centros de detención podrían terminar enfrentándose a años de litigios y apelaciones.
Sin embargo, la política no siempre consiste en ganar juicios; a veces consiste en obligar a que ciertas preguntas no puedan seguir siendo ignoradas.
El caso de Lorenzo Salgado Araujo, abatido durante un operativo en Houston después de tres décadas viviendo en Estados Unidos, y las muertes registradas en instalaciones como el centro de detención de Adelanto, colocan el debate en un terreno incómodo para ambos gobiernos: ¿hasta dónde llega el derecho soberano de un país para hacer cumplir sus leyes migratorias y dónde comienza la obligación universal de proteger la vida humana?
La administración mexicana parece haber concluido que la vía diplomática tradicional llegó a su límite. La nueva estrategia busca elevar el costo político y reputacional de cada caso sin resolver. No es casualidad que, además de las acciones legales, se haya recurrido a la Comisión Interamericana y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cuando la justicia parece lejana, la presión internacional se convierte en una herramienta política.
Queda, sin embargo, una pregunta incómoda para ambos lados de la frontera. Si la muerte de diecisiete mexicanos no fue suficiente para acelerar investigaciones, ¿cuál es exactamente el número de víctimas necesario para que el expediente deje de ser un asunto consular y se convierta en una prioridad política?
México ha decidido dejar de pedir explicaciones y comenzar a exigir responsabilidades. El problema es que, en la relación bilateral más importante del continente, las asimetrías no desaparecen en los tribunales. Pero también es cierto que el silencio diplomático jamás ha resucitado a nadie.
