El gran negocio verde olivo.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Durante años, la narrativa de la Cuarta Transformación vendió una idea sencilla: si había una institución capaz de hacer obra, administrar puertos, operar aeropuertos, controlar aduanas y manejar empresas públicas sin sucumbir a la corrupción, esa institución era el Ejército.
El problema es que la historia reciente comienza a demostrar que la honestidad no viene incluida en el uniforme.
Una investigación de EL UNIVERSAL revela la dimensión de esta transformación: entre 2019 y diciembre de 2025, las Fuerzas Armadas y las estructuras vinculadas a ellas ejercieron contratos por más de 271 mil millones de pesos. En 2025, Defensa, Marina y Guardia Nacional llegaron a manejar alrededor de 76 mil millones de pesos en contrataciones, frente a los mil 912 millones que Defensa y Marina contrataron en 2012.
No es simplemente un incremento presupuestal. Es un cambio de modelo.
El Ejército y la Marina dejaron de ser solamente instituciones de seguridad y defensa para convertirse, en los hechos, en una especie de holding empresarial del Estado: construyen infraestructura, administran aeropuertos, operan puertos, participan en proyectos ferroviarios y manejan empresas públicas.
Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿quién vigila al vigilante cuando el vigilante también es constructor, administrador, contratista y beneficiario de recursos públicos?
La respuesta debería estar en la transparencia. Pero ahí está precisamente el problema.
El IMCO ya había advertido que la participación de la Sedena en obra pública genera riesgos de opacidad, subcontratación poco transparente, irregularidades en el gasto y utilización de la seguridad nacional como argumento para reservar información. Incluso señaló que los contratos con terceros para determinadas obras no se publicaban con el mismo nivel de detalle exigido a otras dependencias civiles.
Es decir, el argumento fue: “con los militares no habrá corrupción”. Y el mecanismo terminó pareciéndose peligrosamente a: “como son militares, no tenemos que enseñarte todo”.
La paradoja sería cómica si no estuviéramos hablando de cientos de miles de millones de pesos.
Además, el crecimiento del presupuesto militar coincidió con la creación de un auténtico ecosistema empresarial alrededor de sus nuevas responsabilidades. De acuerdo con la investigación de EL UNIVERSAL, poco más de una veintena de empresas concentraron más de una cuarta parte de los recursos contratados durante este boom. Algunas incluso modificaron sus objetos sociales para incursionar en sectores que adquirieron relevancia con los nuevos proyectos militares.
Eso no demuestra, por sí mismo, corrupción. Pero sí demuestra algo que debería preocupar a cualquier gobierno que presuma combatirla: concentración de dinero, concentración de decisiones y menor transparencia son una combinación que exige más controles, no menos.
Y entonces apareció el huachicol fiscal.
La investigación sobre una red de contrabando de combustibles involucró a altos mandos y elementos de la Marina, empresarios y funcionarios aduanales. Algunos marinos fueron detenidos y procesados, mientras otros casos permanecen bajo investigación.
Conviene ser precisos: no significa que la Marina como institución sea corrupta. Significa algo quizá más importante: que la supuesta incorruptibilidad militar tampoco puede utilizarse como sustituto de la transparencia, la fiscalización y los contrapesos civiles.
Porque cuando el gobierno entrega a una institución cada vez más poder, dinero y funciones, también debe entregarle —y exigirle— mayores niveles de rendición de cuentas.
La 4T llegó al poder prometiendo terminar con el viejo régimen de privilegios y corrupción. Pero terminó construyendo una estructura en la que las Fuerzas Armadas tienen presencia en prácticamente todos los grandes proyectos estratégicos del Estado.
Y aquí está el verdadero dilema político: si el modelo funciona, debe poder auditarse; si no puede auditarse, ¿cómo sabemos que funciona?
La seguridad nacional puede proteger información militar sensible. Lo que no debería proteger es el precio de una obra, el nombre de un proveedor, las condiciones de un contrato o el destino final de miles de millones de pesos públicos.
Porque una democracia no se vuelve más transparente cuando el Estado decide que algo es secreto. Se vuelve más opaca.
Y quizá la pregunta que la 4T debería responder no sea cuánto poder necesitan las Fuerzas Armadas, sino por qué para combatir la corrupción era necesario construir alrededor de ellas el mayor aparato civil, empresarial y contractual de la historia reciente de México.
Después de todo, si para acabar con los negocios de la política terminamos creando un enorme negocio alrededor del Estado, tal vez no acabamos con el modelo.
Sólo cambiamos de uniforme.
