Por: Jorge Ánima
Ni en vacaciones descansan de las pifias educativas de la 4T
El gobierno federal no se cansa de cometer errores y ocurrencias en materia educativa pifias, el gobierno federal parece empeñado en demostrar que los errores no se toman descanso.
La educación debería ser uno de los ámbitos donde exista mayor seriedad, planeación y rigor. Sin embargo, durante la 4T hemos visto decisiones que, lejos de fortalecer la certeza y la confianza de estudiantes, maestros y familias, terminan provocando dudas, inconformidad y auténticos escándalos.
Uno de los episodios más cuestionables fue el proceso de ingreso a la máxima casa de estudios del país, la UNAM. La decisión de realizar el examen de admisión a distancia, mediante una computadora desde el domicilio de cada aspirante, abrió la puerta a un problema que debió preverse desde el diseño del proceso: la posibilidad de hacer trampa mediante herramientas de inteligencia artificial.
La tecnología puede ser una extraordinaria aliada de la educación, pero utilizarla sin establecer mecanismos sólidos para garantizar la igualdad de condiciones convierte una evaluación en un terreno desigual. El resultado fue un proceso cuestionado y un antecedente que deja una pregunta incómoda: ¿quién está realmente evaluando los conocimientos del aspirante, el estudiante o la tecnología que tiene a su alcance?
Pero no fue el único tropiezo.
En la USICAMM, miles de maestras y maestros de todo el país participaron en un proceso para buscar su promoción horizontal y, con ello, mejorar sus condiciones salariales. Es decir, docentes que se prepararon, cumplieron requisitos y acudieron a una evaluación con la expectativa legítima de que su esfuerzo sería reconocido.
El problema llegó cuando se reportó que a los participantes se les aplicó un examen que no correspondía al proceso para el que se habían preparado.
Esto no es un detalle menor. Cuando una autoridad educativa se equivoca en un trámite administrativo puede corregirlo. Pero cuando el error afecta un proceso de evaluación que puede determinar el salario y la trayectoria profesional de miles de maestros, el asunto adquiere otra dimensión.
Porque detrás de cada examen hay tiempo de preparación, expectativas y, sobre todo, una legítima aspiración de mejorar las condiciones laborales.
Y ahora aparece otro cambio que tampoco ha estado exento de polémica: “Mi derecho, mi lugar”, el nuevo esquema para el ingreso a la educación media superior.
La lógica es sencilla: dejar atrás el tradicional examen de admisión y utilizar un mecanismo de asignación para determinar dónde estudiarán los jóvenes la preparatoria o el bachillerato.
El discurso puede sonar moderno, incluyente y democrático. El problema aparece cuando la asignación algorítmica termina generando inconformidad entre estudiantes y familias que no necesariamente reciben el lugar que esperaban.
Y aquí está el punto de fondo: durante años se le dijo al estudiante que prepararse, estudiar y obtener buenos resultados podía abrirle las puertas de una determinada institución. Ahora el gobierno pretende sustituir buena parte de esa lógica por un sistema de asignación.
La pregunta entonces es inevitable: ¿estamos democratizando el acceso a la educación o simplemente estamos cambiando la forma en que se distribuyen los lugares?
Los tres casos tienen algo en común: decisiones tomadas desde los escritorios de las autoridades educativas que terminan impactando directamente a quienes están del otro lado del escritorio: estudiantes, familias y maestros.
La educación no puede convertirse en un laboratorio de ocurrencias.
Tampoco puede administrarse con improvisaciones, errores técnicos o decisiones que después tengan que corregirse cuando ya provocaron incertidumbre.
La 4T prometió transformar la educación. Pero transformar no significa cambiar por cambiar. Mucho menos significa experimentar con los procesos que determinan el futuro académico de millones de mexicanos.
La educación requiere innovación, sí; pero también requiere algo que parece estar escaseando: planeación, capacidad técnica, evaluación y responsabilidad.
Porque cuando una política educativa falla, no falla solamente un trámite.
Falla la confianza de un estudiante, se afecta el esfuerzo de un maestro y se genera incertidumbre en una familia.
Y eso, en educación, no es una pifia cualquiera.
