La Corte: cuando la toga también hace política.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay algo que empieza a quedar claro en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación: cambiar las caras no necesariamente cambia las dinámicas del poder.
A menos de un año de que los nueve integrantes del nuevo Pleno asumieron sus cargos, la distancia entre la ministra Lenia Batres y buena parte de sus compañeros parece crecer a una velocidad considerable. Y lo ocurrido esta semana ofrece una postal bastante reveladora de lo que sucede cuando las diferencias jurídicas comienzan a mezclarse con las diferencias políticas.
Durante la discusión de una contradicción de criterios presentada por Batres, la mayoría del Pleno se opuso al proyecto. Hasta ahí, nada extraordinario: una Corte existe precisamente para discutir, disentir y, eventualmente, votar en contra de una propuesta.
El problema comenzó cuando la ministra interpretó el rechazo como algo más que una diferencia jurídica.
“Veo una animadversión insana”, sostuvo, antes de vincular la discusión con un oficio que había enviado al Órgano de Administración Judicial para cuestionar el incremento presupuestal aprobado para la Corte.
El detalle no fue menor: varios ministros se enteraron de la existencia del documento prácticamente al mismo tiempo que quienes seguían la sesión pública.
Hugo Aguilar Ortiz intentó bajar la temperatura con una frase casi diplomática: “Acabo de enterarme”. Yasmín Esquivel fue bastante menos diplomática y cuestionó que se calificara como “insano” un debate que, desde su perspectiva, se limitaba a confrontar argumentos jurídicos.
La escena tiene algo de paradójico.
La nueva Corte llegó con el discurso de que sería diferente a la anterior: más cercana a la ciudadanía, más austera y menos inclinada a los privilegios del viejo Poder Judicial. Sin embargo, apenas empieza a caminar, ya muestra una vieja enfermedad de las instituciones políticas mexicanas: cuando alguien pierde una votación, siempre existe la tentación de buscar una explicación política detrás del voto jurídico.
Batres tiene, además, un argumento que no debería ser descalificado simplemente porque provenga de una voz incómoda.
La ministra cuestiona que la Corte haya solicitado un presupuesto de 6 mil 104 millones de pesos, alrededor de 17% más que el monto autorizado para 2026, y también ha objetado la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 trabajadores. Su argumento central es que un Poder Judicial renovado bajo la bandera de la austeridad no puede exigir a los demás poderes contención mientras incrementa sus propias necesidades presupuestales.
Es una discusión legítima.
Pero una cosa es cuestionar el presupuesto y otra muy distinta concluir que todo voto contrario a un proyecto propio obedece a una conspiración.
Ahí está precisamente el problema de fondo.
Batres ha construido buena parte de su identidad pública como la ministra que no teme enfrentarse a la mayoría. Eso puede ser una virtud cuando se trata de defender convicciones jurídicas; pero puede convertirse en una debilidad política cuando la confrontación deja de ser excepcional y comienza a convertirse en método.
Y hay un elemento todavía más delicado.
Si nadie modifica el mecanismo actualmente previsto, Lenia Batres sería quien sustituya a Hugo Aguilar Ortiz en la presidencia de la Suprema Corte. La información institucional de la Corte ya perfila esa sucesión conforme al artículo 94 constitucional, que establece una presidencia rotatoria cada dos años de acuerdo con la votación obtenida en la elección judicial. (La Jornada)
Pero aquí aparece el pequeño gran problema que alguien olvidó resolver cuando redactó la reforma judicial: el artículo 97 constitucional mantiene una fórmula distinta, según la cual la presidencia sería elegida por el propio Pleno.
Dos artículos. Dos mecanismos. Una sola silla.
Y ninguna de las dos cosas puede ocuparla simultáneamente.
La contradicción no es un detalle técnico. Es una bomba de tiempo política. De resolverse mediante la rotación establecida en el artículo 94, Batres tendría el camino abierto para asumir la presidencia en 2027. Si se privilegia el mecanismo del artículo 97, la historia sería otra.
Por eso resulta significativo que Hugo Aguilar haya preferido no abrir todavía esa discusión y haya considerado inconveniente abordarla antes de enero de 2027.
La prudencia es entendible. Nadie quiere discutir públicamente quién ocupará la silla presidencial mientras el ocupante actual todavía está sentado en ella.
Pero el problema existe.
Y mientras más se acerca la fecha, más difícil será esconderlo debajo de la alfombra constitucional.
La paradoja es que la ministra que podría convertirse en presidenta de la Corte necesita, precisamente, algo que hoy parece escasear: construir puentes con quienes mañana podrían ser sus compañeros de dirección.
Porque presidir una Corte no es lo mismo que encabezar una corriente política.
Una presidencia judicial requiere capacidad de diálogo, negociación y construcción de consensos. No basta con tener razón; hay que conseguir que los demás puedan caminar contigo aun cuando no piensen igual.
La nueva Suprema Corte todavía está a tiempo de demostrar que puede convertirse en una institución distinta. Pero para ello tendrá que aprender una lección bastante vieja: el desacuerdo fortalece a las instituciones; la sospecha permanente las desgasta.
Y si la próxima presidenta de la Corte termina siendo Lenia Batres —como hoy apunta el mecanismo constitucional vigente—, tendrá ante sí un desafío mayor que ganar una votación o imponer una interpretación.
Tendrá que conseguir que quienes hoy discrepan de ella estén dispuestos mañana a trabajar bajo su conducción.
Porque una cosa es llegar a la cima por los votos.
Y otra, bastante más difícil, es lograr que desde la cima alguien quiera seguirte.
