POR: LILY ORTIZ
Doble nacionalidad; una reforma con trasfondo político.
La reforma para impedir que una persona con doble nacionalidad pueda aspirar a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ya avanzó en la Cámara de Diputados, esta fue aprobada con mayoría calificada y ahora corresponde al Senado discutirla; si también obtiene su aval, llegará a los congresos estatales para completar el proceso de reforma constitucional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la propuesta bajo un argumento de soberanía: quien gobierne México debe tener únicamente la nacionalidad mexicana y no mantener un vínculo jurídico con otro Estado. El argumento puede discutirse y, desde luego, puede considerarse legítimo establecer reglas especiales para quienes aspiran a encabezar los poderes ejecutivos; pero una reforma constitucional no debería analizarse únicamente desde el discurso con el que se presenta, necesariamente merece una lectura política.
Y ahí aparecen las preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué limitar esta condición precisamente para la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno? ¿Qué perfiles concretos podrían quedar obligados a modificar su situación jurídica antes de una elección?
No hace falta afirmar que la reforma fue diseñada contra una persona determinada para reconocer una consecuencia política evidente; que es el de modificar las reglas de elegibilidad antes de procesos electorales de enorme relevancia.
Y aquí está el punto que no debe perderse de vista: en democracia, las reglas del juego deben generar certeza, no sospechas. Cuando se modifican los requisitos para competir por los principales cargos de elección popular, la sociedad tiene derecho a preguntar si se está fortaleciendo al Estado mexicano o si, deliberadamente o no, se están reduciendo los espacios de competencia. Queda claro que una reforma constitucional es legal; pero al mismo tiempo puede tener consecuencias políticas.
Por eso habrá que observar con atención cómo votan los congresos locales; el verdadero compromiso democrático no consiste en ser el primero en aprobar. Consiste en leer, discutir, cuestionar y entender qué se está votando; levantar la mano por consigna no es legislar; legislar es asumir la responsabilidad histórica de cambiar las reglas que habrán de regir a todos.
¿Tiene un trasfondo político? Es una pregunta válida; pero mientras no exista evidencia que permita afirmar que fue construida específicamente para cerrar el paso a una persona o grupo, lo responsable es hablar de sus posibles efectos y no convertir una hipótesis en certeza.
Lo que sí puede discutirse es la oportunidad. México enfrenta problemas urgentes en seguridad, justicia, salud, educación, empleo, infraestructura y economía familiar. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿ésta era una de las reformas constitucionales que el país necesitaba con mayor urgencia?
La nacionalidad de quien gobierna importa, claro que sí; la soberanía importa, sin duda; pero también importa que quienes tienen el poder de cambiar las reglas sean capaces de explicar con claridad por qué las cambian, a quiénes alcanzarán y por qué precisamente ahora.
Cuando las reglas electorales se modifican antes de una contienda, es inevitablemente no se interfiera la política; sinceramente ahí estará el verdadero desafío, una que se confié en lo que se aprueba y dos que el día de mañana no se diga que dicha reforma sirvió o fue para cerrar la puerta a algunos mientras que a otros les abrió camino.
En democracia, las reglas deben ser suficientemente firmes para garantizar la soberanía, pero también suficientemente limpias para garantizar la competencia; sin embargo, pareciera que estamos lejos de eso.
