POR: LILY ORTIZ
La prepa que te tocó, no la que elegiste
Hay decisiones que pueden automatizarse y hay otras que, aunque puedan apoyarse en la tecnología, no deberían perder de vista que detrás de cada dato hay una persona; y eso es precisamente lo que hoy está ocurriendo con la asignación de espacios para educación media superior en Durango y otros 17 estados.
El programa federal “Mi derecho, mi lugar” nació con una premisa difícil de cuestionar: que ningún joven se quede sin un espacio para continuar sus estudios. En 2026, el modelo se aplica en 18 entidades del país y busca eliminar el examen de ingreso en los subsistemas participantes.
La intención puede ser correcta, y por supuesto legítima; el problema aparece cuando el mecanismo de asignación genera dudas.
En Durango, estudiantes y padres de familia han expresado inconformidad porque algunos jóvenes fueron enviados a planteles que, aseguran, no correspondían con sus opciones, incluso a escuelas alejadas de sus domicilios. El propio secretario de Educación estatal, Guillermo Adame, reconoció que existe este malestar y planteó la necesidad de revisar el funcionamiento del programa federal.
Y aquí está el punto central: tener un lugar no necesariamente significa tener una solución.
Porque para un estudiante de 15 años, la distancia importa. Importa el costo del transporte, la seguridad del trayecto, la modalidad educativa, la especialidad que ofrece el plantel y, sobre todo, que la opción tenga relación con sus expectativas académicas.
La tecnología puede ayudar a ordenar miles de solicitudes, pero precisamente por eso debe existir transparencia sobre los criterios utilizados. Si un joven registró determinadas opciones y terminó asignado en otra institución, la pregunta legítima es: ¿por qué? ¿Bajo qué lógica?.
Y no basta con responder que “hay lugares para todos”. El derecho a la educación no debería reducirse a una silla disponible.
También hay que reconocer la otra parte, gobierno enfrenta un reto enorme cuando la demanda se concentra en determinados planteles. No todos pueden obtener necesariamente su primera opción y ningún sistema puede crear espacios donde no existen. Además, el propio modelo busca distribuir a los estudiantes entre la oferta disponible. La discusión, por tanto, no debería centrarse únicamente en si un alumno obtuvo o no la escuela que quería, sino en si los criterios de asignación fueron claros, razonables y compatibles con las condiciones reales del estudiante.
Existe además una preocupación que no debe minimizarse, y es la permanencia escolar. Si una familia no puede costear el traslado, si el plantel queda demasiado lejos o si la oferta académica no corresponde con el proyecto del joven, existe el riesgo de que continuar estudiando se vuelva más complicado. Y sería paradójico que un programa creado para combatir el abandono y garantizar un lugar terminara generando nuevas barreras para permanecer en la escuela.
Por eso, más que descalificar, las autoridades federales deben de explicar cómo funciona el mecanismo, qué variables utiliza, cómo se determina la escuela asignada y qué alternativas existen para quienes consideran que hubo una asignación inadecuada.
Porque un algoritmo puede repartir lugares. Pero la política educativa debe garantizar oportunidades. Y en efecto, entre una cosa y otra hay una diferencia enorme.
