Por: Felipe Correa
Marina en tierra durangueña: la seguridad que no se explica
La presencia de elementos navales en operativos terrestres reabre la discusión sobre coordinación, opacidad y legitimidad en la estrategia de seguridad del estado.
En los últimos días, Durango ha sido escenario de un fenómeno que, por su propia naturaleza, resulta difícil de documentar con precisión: la presencia de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en operativos terrestres, sin que exista, hasta el momento, una confirmación oficial por parte del Gobierno del Estado. La ausencia de esa confirmación no es un detalle menor. Es, en sí misma, la noticia.
El secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, fue claro al reconocer que la administración estatal no cuenta con información oficial sobre la presencia de la Marina en territorio duranguense. Su explicación, sin embargo, merece ser leída con cuidado: sostuvo que las fuerzas federales mantienen reservados sus movimientos y que, en algunos casos, las autoridades estatales simplemente no reciben aviso de su llegada. “Cuando los operativos federales llegan a algún lugar del país—dijo—sus protocolos son no avisar a nadie, cumplen su objetivo y se regresan.”
Que la Marina opere en Durango no es, una novedad. En febrero de este año, la Cuarta Región Naval participó en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina en Chacala, dentro del Triángulo Dorado que comparten Durango, Sinaloa y Chihuahua, con patrullajes de vigilancia aérea sobre la sierra. Meses antes, efectivos navales habían recorrido con unidades blindadas las calles de El Durazno, en Tamazula, apoyados por al menos cuatro aeronaves de baja altura. Es decir: la Armada tiene ya una historia operativa en suelo duranguense, particularmente en la región serrana ligada a la producción de drogas sintéticas.
Lo que resulta distinto en este episodio es el contraste con el resto del aparato de seguridad. El propio Gobierno del Estado ha documentado, con nombre y apellido, la llegada de refuerzos del Ejército y la renovación de mandos de la Guardia Nacional, e incluso ha destacado públicamente las reuniones de coordinación entre el gobernador Esteban Villegas y las autoridades civiles y militares. Sedena, por su parte, mantiene de forma reconocida grupos especiales de manera permanente en el estado. Frente a esa relativa transparencia institucional, la opacidad atribuida a la Marina se vuelve más visible, no menos.
Cuando una fuerza federal se despliega sin que la ciudadanía ni el gobierno local tengan certeza de sus movimientos, el vacío se llena inevitablemente con rumor. Así ocurrió con los reportes, no confirmados oficialmente, sobre una aeronave que habría sobrevolado a baja altura la capital del estado. La respuesta institucional fue pedir a la población que verificara la información antes de compartirla, un exhorto legítimo, pero que traslada al ciudadano una responsabilidad que corresponde, en primera instancia, a la autoridad: informar con oportunidad lo que ocurre en su territorio.
Esta dinámica plantea una pregunta de fondo para el periodismo y para la ciudadanía duranguense: ¿puede sostenerse una estrategia de seguridad eficaz sobre la base de la discrecionalidad absoluta de las fuerzas federales frente a los gobiernos estatales? La coordinación interinstitucional que tanto se ha subrayado en los boletines oficiales del último año pierde consistencia si una de sus piezas —precisamente la que opera con mayor capacidad aérea y de inteligencia en zonas de producción de droga sintética— se mueve al margen de esos canales.
Lo que está en juego
No se trata de poner en duda la legitimidad de que la Marina opere contra el crimen organizado en el Triángulo Dorado; los resultados, como el golpe de más de cuatro mil millones de pesos al narcotráfico en Chacala, hablan de una capacidad operativa real. Se trata, más bien, de exigir que esa capacidad se ejerza dentro de un marco de comunicación institucional que no deje a la población duranguense —y a sus propias autoridades— enterándose de los hechos por rumores en redes sociales.
La seguridad pública no se construye solamente con despliegues efectivos; se construye también con la certeza de que existe una cadena de mando comprensible, verificable y dispuesta a rendir cuentas. Mientras el Gobierno del Estado continúe reconociendo que no sabe qué hace la Marina en su territorio hasta que ya se ha ido, Durango seguirá viviendo una paradoja: la de sentirse más vigilado que informado.
