Por: Felipe Correa
El significado del informe de Ernesto Alanís
El cierre de Ernesto Alanís Herrera al frente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Durango merece una lectura que vaya más allá de las cifras presentadas en su informe. Su significado puede analizarse desde tres dimensiones: la política, la parlamentaria y la institucional.
En un Congreso local caracterizado por la pluralidad de fuerzas políticas, las diferencias ideológicas, partidistas y personales forman parte natural de la vida parlamentaria. Un Poder Legislativo no está diseñado para que todos piensen igual; su función es, precisamente, representar intereses distintos y convertir esa diversidad en deliberación pública.
Por eso, conducir un Congreso no significa necesariamente imponer una mayoría. En muchas ocasiones significa convencer, negociar, escuchar, ceder cuando es necesario y encontrar puntos de coincidencia. Y es precisamente en ese terreno donde adquieren particular relevancia los reconocimientos que provienen de otras fuerzas políticas.
Alejandro Mojica, coordinador parlamentario del PAN, fue claro al valorar el periodo de Alanís al frente de la JUGOCOPO. Habló de conducción institucional, oficio político, capacidad para preservar la gobernabilidad y construir consensos. También destacó sensibilidad, respeto, apertura de canales de comunicación, conciliación, experiencia, prudencia y responsabilidad.
Pero quizá lo más significativo fue su conclusión: Alanís deja, dijo, “un precedente de conducción basado en el diálogo”.
La diputada, Sandra Amaya aportó otra pieza al mismo análisis. Sin convertir su intervención en un reconocimiento personal, destacó que desde la JUGOCOPO se asumió la responsabilidad de construir acuerdos y que fue posible establecer una Agenda Legislativa Institucional sustentada en el diálogo y los consensos.
Dos expresiones provenientes de fuerzas políticas diferentes que terminan encontrando un punto común: la política parlamentaria requiere capacidad de interlocución.
Y ese dato merece atención.
Porque los resultados de una Legislatura pueden medirse en números. Durante este periodo se reportan 412 asuntos iniciados y 253 decretos, además de modificaciones y actualizaciones a distintas áreas del marco jurídico estatal.
Son datos relevantes porque permiten dimensionar el trabajo legislativo. Sin embargo, las cifras por sí mismas no explican la calidad de una Legislatura. Una estadística puede decir cuánto se aprobó, pero difícilmente puede explicar cómo se construyeron los acuerdos que hicieron posible esas decisiones.
Ahí aparece la dimensión política del informe.
El resultado menos visible —y quizá uno de los más importantes— está en la capacidad de mantener funcionando una institución plural sin convertir las diferencias en parálisis.
Porque el consenso absoluto tampoco es necesariamente una virtud. Un Congreso donde nunca existen desacuerdos sería probablemente un Congreso que no está cumpliendo plenamente con su función deliberativa. La discusión, la crítica y hasta la confrontación forman parte de la democracia parlamentaria.
La verdadera prueba está en lo que ocurre después.
Si después del debate existe capacidad para volver a la mesa, negociar, modificar posiciones, incorporar propuestas de otros grupos y finalmente construir una mayoría que permita aprobar una decisión, entonces la política cumple una de sus funciones esenciales: transformar la pluralidad en acuerdos institucionales.
Y ahí es donde la JUGOCOPO adquiere una relevancia que muchas veces pasa inadvertida para la ciudadanía.
Presidir este órgano no significa únicamente coordinar reuniones o administrar una agenda legislativa. Implica mantener comunicación permanente con las distintas fuerzas, procesar desacuerdos, anticipar conflictos, construir puentes y, en determinados momentos, asumir el costo político de negociar.
En términos sencillos: hacer política.
Por eso, el saldo de Alanís no debería evaluarse exclusivamente por el número de iniciativas, decretos o reformas aprobadas. También debe observarse desde la capacidad de generar condiciones para que un Congreso plural pudiera procesar sus diferencias y mantener una ruta de trabajo institucional.
Eso no significa afirmar que durante el periodo no existieron controversias o desacuerdos. Los hubo y forman parte de cualquier Legislatura. La cuestión relevante es que esas diferencias no terminaran convirtiéndose en un obstáculo permanente para la actividad parlamentaria.
Hay otro elemento que merece incorporarse al análisis: la comunicación institucional.
Durante este periodo, el área de Comunicación Social, encabezada por Francisco “La Chora” Valencia, buscó aprovechar su experiencia de más de 25 años en el ejercicio periodístico y comunicativo para desarrollar nuevos productos y herramientas de difusión.
Más allá de los nombres, lo importante es el concepto: un Poder Legislativo contemporáneo no puede limitarse a aprobar leyes y publicar boletines. También tiene la obligación de explicar qué hace, por qué lo hace y cómo sus decisiones pueden repercutir en la sociedad.
La comunicación legislativa, cuando se entiende correctamente, no debe ser propaganda. Debe ser un mecanismo de rendición de cuentas y de acercamiento con una ciudadanía que muchas veces percibe al Congreso como una institución distante.
En ese sentido, comunicar mejor el trabajo parlamentario también forma parte de gobernar mejor una institución pública.
El informe de Alanís, entonces, puede leerse como el cierre de un periodo con resultados cuantificables, pero también como la conclusión de una etapa en la que el diálogo fue presentado como una herramienta de gobernabilidad.
Y aquí aparece una consideración importante: los resultados legislativos no pertenecen exclusivamente a quien preside la JUGOCOPO. Son producto del trabajo de diputadas y diputados, de las comisiones, de los grupos parlamentarios, de los equipos técnicos y, en muchos casos, de la participación de distintos sectores sociales.
Reconocer la conducción política no significa atribuirle a una sola persona todo lo realizado por una Legislatura. Significa identificar quién tuvo la responsabilidad de coordinar una parte fundamental de ese proceso y evaluar la manera en que ejerció esa responsabilidad.
Esa distinción es importante para que el análisis no se convierta en propaganda.
Al final, los decretos quedarán registrados en los archivos legislativos. Las reformas formarán parte del marco jurídico de Durango. Las cifras podrán compararse con las de otros periodos y las decisiones podrán ser evaluadas con el paso del tiempo.
Pero existe otro indicador que difícilmente aparece en una tabla estadística: la confianza política que un coordinador logra generar entre quienes no necesariamente comparten sus posiciones.
Un político puede hablar durante horas de sus propios logros. Puede enumerar resultados, destacar avances y defender decisiones. Pero existe una prueba mucho más exigente: qué dicen de su conducción quienes tuvieron que negociar con él desde posiciones distintas.
Ernesto Alanís Herrera concluye su responsabilidad al frente de la JUGOCOPO con resultados cuantificables, acuerdos políticos y una agenda legislativa que tendrá que ser evaluada por sus efectos reales en la sociedad.
Porque finalmente, un informe legislativo no termina cuando se presenta sino cando cambia la vida de la sociedad .
