Por: Felipe Correa
Las maquinitas: el pequeño negocio que también mira la seguridad pública.
Hay objetos que, a simple vista, parecen demasiado insignificantes para formar parte de una estrategia de seguridad pública. Una de ellas es la llamada “maquinita tragamonedas”: un aparato instalado en una tienda, una miscelánea, un pequeño local o, incluso, en establecimientos que aparentemente nada tienen que ver con el juego.
Sin embargo, en los últimos meses las fuerzas federales han comenzado a prestarles una atención que difícilmente puede considerarse casual.
En Durango, la Fiscalía General de la República ha reportado durante 2026 una serie de cateos y aseguramientos de máquinas tragamonedas. El patrón es claro: órdenes judiciales, investigaciones por posibles violaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos y operativos en los que participan la Fiscalía, la Policía Federal Ministerial, la Guardia Nacional, la Defensa y personal pericial.
En los comunicados de prensa de la FGR sobre Durango revisados registra aseguramientos de 9, 14, 15 y 19 máquinas, además de otros operativos realizados en distintos puntos del estado. En mayo, por ejemplo, la FGR informó del aseguramiento de 19 máquinas en la colonia Morga de la ciudad de Durango; días antes había reportado otras nueve en la colonia Juan Lira y 15 en la calle Patoni.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿por qué las fuerzas federales están dedicando recursos de inteligencia, investigación y despliegue operativo a perseguir máquinas tragamonedas?
La primera respuesta es jurídica.
En México, las máquinas tragamonedas que permiten apostar dinero para obtener un premio están prohibidas en los términos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. El artículo 12 establece expresamente esa prohibición y define como tragamonedas aquellos dispositivos en los que una persona apuesta mediante dinero u otra forma de pago con la expectativa de obtener un premio.
Por eso, cuando la FGR asegura estos aparatos, no está persiguiendo simplemente una diversión popular. Está investigando una posible conducta ilícita de competencia federal.
Pero esa es solamente la primera capa del problema.
El verdadero asunto está en el dinero
Una máquina tragamonedas puede parecer un negocio menor. Una moneda aquí, otra allá, apuestas pequeñas, clientes que entran y salen. El problema aparece cuando se observa el fenómeno no desde la perspectiva de una sola máquina, sino desde una red de cientos o miles de dispositivos.
El efectivo se vuelve la variable central.
Las autoridades de seguridad han advertido que este tipo de establecimientos puede ser utilizado como mecanismo de generación y circulación de recursos fuera de los controles financieros convencionales. En Michoacán, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública ha señalado que las máquinas tragamonedas ilegales han sido vinculadas mediante labores de inteligencia con delitos como extorsión, fraude y lavado de dinero, además de ser consideradas una fuente de financiamiento para grupos criminales.
No significa que toda maquinita sea propiedad de un grupo criminal. Esa distinción es fundamental. Una cosa es operar ilegalmente una máquina y otra, muy diferente, acreditar que detrás de ella existe una organización delictiva. Confundir ambas circunstancias sería periodísticamente irresponsable y jurídicamente incorrecto.
Pero tampoco sería prudente minimizar el fenómeno.
La economía criminal también se construye con negocios pequeños
Durante mucho tiempo, la discusión sobre seguridad pública se concentró en grandes cargamentos de droga, armas largas, vehículos blindados o laboratorios clandestinos.
Y sí: esos siguen siendo objetivos prioritarios.
Pero las organizaciones criminales modernas necesitan algo más que armas y drogas. Necesitan flujo constante de dinero.
La economía criminal no siempre se encuentra en grandes bodegas. También puede distribuirse en pequeñas actividades que generan efectivo diariamente. Ahí es donde las máquinas tragamonedas adquieren una dimensión distinta.
En julio de 2026, un operativo conjunto en el Estado de México permitió asegurar 3 mil 374 máquinas tragamonedas en 84 municipios. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fueron asegurados más de nueve millones de pesos contenidos en las máquinas y que, junto con el valor estimado de los equipos, el golpe económico ascendió a aproximadamente 59 millones de pesos. El operativo fue realizado dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Ese dato ayuda a entender la dimensión del fenómeno. Una máquina puede parecer irrelevante. Miles de máquinas son otra historia.
El reto es investigar la red, no solamente retirar las máquinas
Asegurar una máquina resuelve el problema inmediato, pero no necesariamente el problema de fondo. Si detrás existen únicamente comerciantes que decidieron operar un juego prohibido, corresponde aplicar la ley.
Pero si detrás existe una estructura que financia, distribuye, cobra, amenaza, extorsiona o utiliza los establecimientos para introducir recursos ilícitos, entonces retirar las máquinas es apenas el primer paso. La verdadera investigación tendría que seguir el dinero.
Porque una estrategia de seguridad moderna no puede conformarse con contar máquinas decomisadas. Debe preguntarse cuánto dinero generaban, quién lo administraba, quién financiaba su instalación y hacia dónde se dirigían los recursos.
Ahí es donde una “maquinita” deja de ser un simple aparato de entretenimiento y puede convertirse en una pieza dentro de una estructura económica mucho más amplia.
La delincuencia organizada no siempre se presenta con camionetas blindadas, armas largas y hombres encapuchados. A veces se esconde detrás de actividades aparentemente ordinarias. Por eso las operaciones de la FGR en Durango merecen ser observadas con atención, pero también con rigor.
El dato comprobable es que las máquinas tragamonedas ilegales están siendo aseguradas porque su operación puede constituir una violación a la legislación federal. El siguiente nivel de investigación consiste en determinar si, además, existe una conexión con otras actividades ilícitas.
Y esa diferencia es fundamental; porque el objetivo de una política de seguridad pública no debería ser llenar bodegas con máquinas decomisadas; debería ser desarticular las redes económicas que permiten que esas máquinas existan, se multipliquen y, eventualmente, sirvan para financiar otras actividades criminales.
Al final, el verdadero valor de una maquinita no está en el aparato. Está en el dinero que mueve.
