POR: LILY ORTIZ
El INE después de Taddei
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no puede leerse como un simple relevo administrativo,porque simplemente está en medio de una crisis de credibilidad marcada por cuestionamientos a las contrataciones, posibles conflictos de interés y señalamientos sobre la concentración de decisiones dentro del organismo. Y aunque las acusaciones deben investigarse antes de establecer responsabilidades, hay una pregunta inevitable: ¿qué tan sólida puede mantenerse la confianza en una institución cuando su propia conducción queda bajo escrutinio?
Taddei llegó en abril de 2023 a una institución que no necesitaba reinventarse, sino preservar su autonomía, fortalecer sus procedimientos y sostener la confianza ciudadana, por cierto, su nombramiento, que terminó definiéndose mediante insaculación ante la falta de acuerdos legislativos, comenzó entre dudas. Y claro, como correspondía, tuvo el beneficio de la duda. Sin embargo, el tiempo convirtió aquellas reservas en cuestionamientos que hoy exigen respuestas.
Las investigaciones sobre contratos con proveedores vinculados públicamente con su entorno han elevado la presión; y es qué entre los datos reportados figura la revisión de contrataciones por 514 millones de pesos; además, el Órgano Interno de Control informó de expedientes relacionados con posibles irregularidades en adquisiciones públicas. No son, por sí mismos, sentencias ni prueban la responsabilidad de una persona, pero sí representan asuntos que las autoridades fiscalizadoras están obligadas a esclarecer. Algo debe de quedar muy en claro, el renunciar no puede convertirse en una puerta de salida para la rendición de cuentas.
El problema va más allá de una presidenta; INE es una pieza central de la democracia mexicana y uno de los engranajes institucionales más complejos y costosos del país. Su presupuesto sostiene la credencial para votar, el padrón electoral, la capacitación de ciudadanos, la instalación de casillas, la fiscalización y una operación logística de enorme escala. Parte de ese costo responde precisamente a las garantías que exige una elección confiable: controles, documentación, vigilancia y participación ciudadana.
Por eso, cuando se cuestiona la imparcialidad del árbitro, el daño no se limita a su imagen; también se pone en entredicho el valor de todo ese esfuerzo. La autonomía no consiste únicamente en estar fuera del gobierno; exige actuar sin subordinación partidista, transparentar las decisiones y demostrar que las reglas son iguales para todos. Las simpatías políticas que se atribuyan a una autoridad no bastan para probar parcialidad, pero las decisiones, los nombramientos y el manejo de los recursos sí deben poder examinarse públicamente.
Ahora el relevo provisional de Blanca Yassahara Cruz García abre una etapa decisiva, aun así sea interina; el compromiso de revisar procedimientos y facilitar las investigaciones es un primer paso; el desafío será traducirlo en resultados verificables, sin descuidar la organización del proceso electoral 2026-2027, que ya está en marcha. Definitivamente hoy no hay margen para improvisaciones ni para que la crisis interna afecte la certeza de las elecciones.
La responsabilidad también recae en la Cámara de Diputados y, particularmente, en las fuerzas políticas que respaldaron la llegada de Taddei. Morena, PT y PVEM tienen la oportunidad de demostrar que la próxima designación no será una cuota de poder ni una recompensa política, sino una decisión sustentada en experiencia electoral, independencia, solvencia técnica y capacidad para construir consensos. La misma exigencia debe aplicarse a todas las bancadas: el árbitro no puede deberle lealtad a quienes lo nombran, sino a la Constitución y a la ciudadanía; al menos eso se supone.
La democracia no se sostiene con discursos sobre la defensa de las instituciones, sino con instituciones que resisten la presión, transparentan sus decisiones y corrigen sus fallas. La renuncia de Taddei no borra los señalamientos, no sustituye las auditorías ni resuelve por sí sola la crisis de confianza.
El INE todavía tiene que demostrar que puede mirar hacia adentro con el mismo rigor con el que revisa a partidos y candidatos (claro algunas veces). Porque en una elección, la ciudadanía no solo necesita que se cuenten bien los votos: necesita confiar en el árbitro. Sin embargo, esa esa confianza no se recupera con un cambio de nombre en la presidencia, sino con hechos, transparencia y fincando responsabilidades.
