La certeza no se vota por mayoría.
El INE enfrentará en 2027 algo más difícil que organizar una elección: conseguir que todos crean en ella.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay instituciones que pueden sobrevivir a una mala decisión administrativa. Un instituto electoral, en cambio, puede perder mucho más por algo aparentemente menor: la confianza.
Y el INE acaba de entrar al proceso electoral de 2027 gastando precisamente ese capital.
Apenas horas después de que la consejera Carla Humphrey hiciera públicas sus diferencias con diversas decisiones aprobadas por la mayoría del Consejo General, Claudia Arlett Espino presentó su renuncia irrevocable como secretaria ejecutiva del Instituto, el cargo que coordina buena parte de la maquinaria operativa electoral del país. Formalmente, Espino alegó razones de salud y personales. No existe evidencia pública que permita atribuir su salida a las controversias internas. Pero en política institucional el calendario también comunica: renunciar un día antes del arranque formal de uno de los procesos electorales más grandes de la historia difícilmente ayuda a transmitir estabilidad.
Sobre todo porque el problema ya venía acumulándose.
Humphrey cuestionó la reducción de plazos para capacitación e integración de mesas directivas de casilla; modificaciones en mecanismos de verificación para capacitadores y observadores, y el tratamiento que recibirán las llamadas “boletas planchadas”, aquellas que aparecen sin señales de haber sido dobladas pese a que físicamente resulta necesario hacerlo para introducirlas en las urnas.
Podrían parecer discusiones para especialistas aficionados a los reglamentos de trescientas páginas. No lo son.
Cada procedimiento electoral tiene una razón bastante menos burocrática de lo que parece: cerrar espacios a la duda.
La capacitación de funcionarios de casilla busca disminuir errores. Las compulsas de información pretenden impedir que personas impedidas legalmente participen en determinadas funciones electorales. Los protocolos sobre boletas extraordinarias buscan detectar anomalías. Puede discutirse si los mecanismos anteriores eran excesivos, costosos o perfectibles. Lo que resulta mucho más complicado es eliminarlos o flexibilizarlos sin explicar convincentemente qué control equivalente ocupará su lugar.
Porque en materia electoral ahorrar procedimientos puede terminar siendo bastante caro en credibilidad.
La propia estrategia de capacitación aprobada para 2027 reduce ocho días de operación sustantiva frente al esquema anterior. Consejeros como Humphrey y Martín Faz han advertido también sobre la disminución de mecanismos de compulsa relacionados con militantes partidistas y servidores públicos vinculados a programas sociales. La mayoría tiene derecho a considerar que esas modificaciones son suficientes y jurídicamente válidas. Pero tener los votos dentro del Consejo no convierte automáticamente una decisión en políticamente tranquilizadora.
Ahí está el verdadero problema.
México llegará a 2027 con una competencia política altamente polarizada y con más de 102 millones de electores potenciales y alrededor de 170 mil casillas, además de elecciones locales en las 32 entidades y 17 gubernaturas en disputa. En semejante escenario, el INE no necesita solamente actuar con imparcialidad: necesita que esa imparcialidad resulte visible, comprobable y difícil de cuestiona.
Por eso también resulta políticamente significativa la salida de Espino y la inmediata designación de Roberto Carlos Félix López como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Félix ya dirige Organización Electoral y, significativamente, había sido uno de los perfiles que Guadalupe Taddei intentó llevar anteriormente a la Secretaría Ejecutiva sin conseguir entonces el consenso necesario del Consejo. Ahora llega al puesto por la vía de una encargaduría. Nada de ello prueba irregularidad alguna; pero difícilmente puede afirmarse que contribuya a disipar la percepción de concentración de decisiones alrededor de la Presidencia del Instituto.
Y aquí conviene evitar dos excesos.
El primero sería afirmar anticipadamente que el INE prepara una elección irregular. No existen elementos para sostener semejante acusación.
El segundo sería suponer que cualquier preocupación sobre sus decisiones constituye automáticamente un ataque al Instituto.
Defender al INE no significa concederle infalibilidad. Precisamente porque la autoridad electoral es indispensable para la democracia mexicana debe estar sometida al escrutinio más exigente posible.
La elección de 2027 comenzará mucho antes de que alguien marque una boleta.
Comenzará en cada decisión sobre capacitación, observadores, funcionarios de casilla, controles, cómputos y nombramientos internos. Y cada vez que el Instituto reduzca una salvaguarda tendrá que demostrar que la certeza permanece intacta.
Porque después de tantos años construyendo confianza electoral en México, sería paradójico descubrir que el mayor problema del árbitro no fue contar los votos.
Fue conseguir que todos creyeran en la cuenta.
La certeza electoral puede aprobarse en un reglamento. La confianza, en cambio, no se vota por mayoría.
