La credibilidad también se audita.
Cuando el árbitro exige pruebas, conviene que pueda mostrar las propias.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hace apenas unos días escribíamos aquí sobre un problema particularmente incómodo para el Instituto Nacional Electoral: la credibilidad.
No hablábamos entonces de fraude electoral ni de una conspiración para alterar resultados. El problema era más elemental: un árbitro puede actuar correctamente y, aun así, perder autoridad si suficientes jugadores comienzan a desconfiar de él. Y recuperar esa confianza suele ser bastante más complicado que contar votos.
Ahora aparece una investigación de Alejandra Canchola y Pedro Villa y Caña, publicada por El Universal, que añade otro ingrediente a una institución que precisamente no necesitaba más razones para explicar su funcionamiento.
De acuerdo con la investigación, una auditoría del Órgano Interno de Control detectó 6 millones 279 mil pesos pagados por honorarios a ocho personas cuyos servicios el INE no pudo acreditar documentalmente conforme a sus propias reglas.
Conviene hacer aquí una precisión importante.
La auditoría no determina que esas ocho personas jamás hayan trabajado. No sería responsable convertir una insuficiencia documental en una sentencia. Lo que establece es que el Instituto no consiguió demostrar adecuadamente que determinados servicios efectivamente se realizaron en los términos contratados.
Y para cualquier dependencia pública eso sería preocupante.
Para el INE resulta algo peor: es simbólico.
Porque estamos hablando de la institución encargada de exigir comprobaciones, fiscalizar partidos, verificar gastos, revisar documentos y construir certeza a partir de evidencias. Dicho de otra manera: el organismo que constantemente pregunta a los demás “¿dónde está la prueba?” enfrenta ahora dificultades para responder esa misma pregunta.
La ironía prácticamente se escribe sola.
Cuatro de esas personas estaban adscritas a la Dirección Ejecutiva de Administración. Ahí quedaron por aclarar 5 millones 606 mil 725 pesos. Otras cuatro pertenecían al Registro Federal de Electores, con otros 673 mil 231 pesos observados.
Pero quizá lo más importante de la investigación no sean esos ocho casos.
La auditoría reportó también inconsistencias sobre expedientes, perfiles, actividades y comprobación del trabajo en varias áreas. Incluso encontró situaciones tan peculiares como la de una persona contratada como “analista de viáticos y pasajes” cuyos informes registraban trabajos de cerrajería y revisión física de mobiliario.
Al parecer, en la administración pública mexicana la polivalencia laboral ha alcanzado niveles que LinkedIn todavía no sabe cómo clasificar.
El asunto aparece, además, en el peor momento posible.
El INE acaba de comenzar el proceso electoral de 2027 después de la renuncia de Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva, presentada el 9 de septiembre, apenas antes del arranque formal de los comicios. Su salida volvió a colocar sobre la mesa las dificultades de Guadalupe Taddei para consolidar estabilidad en uno de los puestos operativos más importantes del organismo y dejó nuevamente la Secretaría Ejecutiva en manos de un encargado de despacho, Roberto Carlos Félix López.
A ello se suman las divisiones dentro del Consejo General, las críticas por nombramientos, las acusaciones sobre falta de colegialidad y los cuestionamientos de distintos partidos respecto de la independencia y capacidad operativa del Instituto.
Y entonces llegan los 6.2 millones sin comprobación suficiente.
Por separado, cada episodio puede tener una explicación razonable. El problema político comienza cuando todos forman parte de la misma fotografía.
Más todavía porque, mientras el INE ha defendido la terminación de cientos de contratos temporales argumentando reorganización administrativa y conclusión de proyectos —El Universal reportó al menos 836 bajas durante 2026—, ahora debe explicar por qué durante otros periodos hubo honorarios cuyo trabajo no pudo documentarse satisfactoriamente.
No es necesariamente un problema de ilegalidad demostrada.
Es un problema de coherencia institucional.
Guadalupe Taddei no debería responder este episodio como si fuera simplemente otra ofensiva política contra su presidencia. Tampoco bastaría señalar que las cantidades observadas representan una fracción pequeña dentro del enorme presupuesto del Instituto.
Porque el costo verdaderamente importante no está en esos seis millones.
Está en la confianza.
México se aproxima a una elección de enorme complejidad en 2027. El INE necesitará pedirles a partidos, candidatos y ciudadanos algo indispensable para que el sistema funcione: que confíen en sus procedimientos, en sus funcionarios, en sus documentos y, finalmente, en sus resultados.
Para exigir esa confianza no basta con invocar la autonomía constitucional.
Hay que administrarla todos los días.
Y después de una crisis de conducción, disputas internas, cambios en puestos estratégicos y ahora pagos que el propio Instituto no consiguió acreditar suficientemente ante su órgano fiscalizador, quizá la pregunta ya no sea únicamente si el INE puede organizar técnicamente las elecciones.
La pregunta es otra:
¿cuántas explicaciones más puede acumular un árbitro antes de que el partido empiece con el marcador de la confianza en contra?
Porque las elecciones se cuentan con votos.
Pero la credibilidad, también, se audita.
