Por: Felipe Correa
El testamento: una cultura que México y Durango todavía deben aprender
Hay documentos que parecen importantes solamente cuando ya es demasiado tarde. El testamento es uno de ellos. En México seguimos asociándolo con la muerte, cuando en realidad debería entenderse como un acto de responsabilidad patrimonial, prevención jurídica y protección familiar.
El problema no es la inexistencia de servicios notariales. El problema es que todavía no hemos conseguido convertirlos en una verdadera cultura de prevención.
Los datos son reveladores. La Secretaría de Gobernación informó en agosto de 2025 que el Registro Nacional de Avisos de Testamento (Renat) acumulaba poco más de 7.5 millones de avisos testamentarios a nivel nacional. De acuerdo con la propia dependencia, aproximadamente la mitad de esos avisos se había generado durante las campañas anuales de “Septiembre, Mes del Testamento”.
La cifra parece enorme hasta ponerla en contexto. México tenía 126 millones 014 mil 024 habitantes en el Censo de Población y Vivienda 2020. Por ello, los 7.5 millones de avisos no pueden interpretarse como que solamente 7.5 millones de mexicanos tienen testamento —un mismo ciudadano puede modificar su testamento y generar nuevos avisos—, pero sí muestran la dimensión del reto: la cultura testamentaria sigue dependiendo, en buena medida, de campañas específicas y no de un hábito permanente de previsión.
Y aquí aparece una primera conclusión incómoda: el testamento todavía no forma parte de la educación patrimonial cotidiana de los mexicanos.
La campaña nacional existe desde 2003 y en 2026 llega a su 24.ª edición, con la participación de los gobiernos de las 32 entidades y del notariado. Durante septiembre se ofrecen facilidades como reducción de honorarios, asesoría jurídica y ampliación de horarios.
Pero si después de más de dos décadas seguimos necesitando una campaña anual para recordar a la población que debe ordenar su patrimonio, entonces el desafío no es solamente notarial: es cultural, educativo e institucional.
Durango tiene 1 millón 832 mil 650 habitantes, de acuerdo con el Censo 2020 del INEGI. La edad mediana estatal era de 27 años, lo que significa que estamos frente a una población relativamente joven, pero que ya necesita incorporar la previsión patrimonial como parte de su proyecto de vida.
Además, la realidad territorial del estado complica todavía más el acceso homogéneo a los servicios jurídicos. Durango cuenta con 5 mil 890 localidades, de las cuales 5 mil 353 tenían entre uno y 249 habitantes en 2020. Es decir, una enorme dispersión poblacional que obliga a pensar en servicios notariales más accesibles, cercanos y capaces de utilizar herramientas digitales y campañas itinerantes.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a cuánto cuesta hacer un testamento. La pregunta de fondo debería ser otra: ¿qué estamos haciendo para que una persona que vive fuera de las principales ciudades de Durango conozca, entienda y pueda ejercer oportunamente este derecho?
El propio Gobierno de Durango mantiene alternativas como el testamento ológrafo, cuyo trámite se realiza ante la Dirección General de Notarías y que actualmente reporta un costo de 1,150 pesos, bajo los requisitos establecidos por la autoridad estatal.
Esto demuestra que existen mecanismos, pero también abre una oportunidad: hacer que la información sobre ellos sea mucho más accesible y llegue a quienes normalmente no entran a una notaría hasta que enfrentan un problema.
El servicio notarial no debería ser visto únicamente como un trámite para escriturar una propiedad, constituir una sociedad o elaborar un testamento. El notariado cumple una función de seguridad jurídica que puede prevenir conflictos antes de que lleguen a los tribunales.
La propia Secretaría de Gobernación reconoce que no dejar testamento puede generar gastos, pérdida de tiempo y conflictos familiares, además de obligar a los interesados a recurrir a un juicio sucesorio intestamentario para determinar quiénes tienen derecho a heredar.
Por eso resulta particularmente importante modernizar y fortalecer los servicios notariales. En enero de 2026, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y la Secretaría de Gobernación anunciaron una reingeniería del Registro Nacional de Avisos de Testamento. El proyecto busca modernizar la plataforma y proteger la información de más de siete millones de avisos mediante un nuevo sistema informático.
Ese paso es fundamental, pero debería formar parte de una transformación mayor: digitalización, interoperabilidad institucional, campañas permanentes, orientación sencilla y presencia territorial.
Durango tiene una oportunidad para avanzar en esa dirección. El objetivo no debería ser esperar a septiembre para recordar que existe el testamento. Deberíamos llegar al punto en que hablar de patrimonio, beneficiarios y sucesión sea tan normal como hablar de seguros, ahorro para el retiro o créditos hipotecarios.
Porque el verdadero costo de no hacer un testamento no necesariamente lo paga quien muere. Lo paga la familia que se queda. Y ese es el punto que debe cambiar.
El testamento no es un documento para cuando la vida termina; es una decisión que se toma mientras estamos vivos para evitar que nuestra ausencia se convierta en un problema jurídico para quienes permanecen.
México ya tiene el Registro Nacional de Avisos de Testamento, campañas nacionales y un gremio notarial con presencia en las 32 entidades. Ahora hace falta algo más difícil: convertir esos instrumentos en una auténtica cultura de prevención patrimonial.
En Durango, donde decenas de comunidades están dispersas territorialmente, el reto es todavía mayor. Llevar los servicios notariales a la gente —y no esperar siempre a que la gente llegue a ellos— debería convertirse en una prioridad.
Porque un testamento puede ser un trámite de una hora, pero puede ahorrar a una familia años de litigios, gastos, incertidumbre y conflictos.
Al final, hacer un testamento no significa pensar en la muerte. Significa pensar responsablemente en los vivos.
