El bienestar no se presume: se comprueba.
Por: Alejandro Flores de la Parra
Una beca puede cambiar la vida de un estudiante. Un padrón mal verificado puede cambiar el destino del dinero. Entre ambas posibilidades hay algo menos vistoso que un discurso, pero bastante más útil: controles que funcionen.
Según La Jornada, una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no fueron validados ante el Registro Nacional de Población, en los ejercicios 2024 y 2025. El problema resulta incómodo para cualquier administración; para un proyecto que hace de la honestidad su principal credencial, además, es políticamente corrosivo.
Conviene precisar: una observación de auditoría no equivale a una sentencia por fraude. La propia información advierte que existen hallazgos sujetos a aclaración. No permite concluir que todos esos beneficiarios sean ficticios ni que la totalidad del monto haya sido robada. Pero tampoco autoriza a convertir la falta de verificación en un detalle burocrático. Cuando se distribuye dinero público, comprobar a quién se entrega forma parte del trabajo, no de los servicios adicionales.
Hay otro dato revelador: 94 mil 251 tarjetas del Banco del Bienestar aparecían activas pese a no haber sido entregadas. En mil 78 cuentas asociadas se dispersaron 8.6 millones de pesos. La modernización administrativa parece haber conseguido una hazaña peculiar: activar el medio de pago antes de ponerlo en manos de su destinatario. Falta explicar quién controlaba esa operación y cómo se protegieron los recursos.
La discusión política debería concentrarse ahí. Quien utiliza estas anomalías para descalificar toda política de becas confunde la necesidad del apoyo con la calidad de su administración. Quien invoca esa necesidad para minimizar las irregularidades convierte una causa legítima en coartada. Los estudiantes merecen respaldo; precisamente por eso, el dinero destinado a ellos exige vigilancia.
También debe reconocerse que una dependencia del propio gobierno identificó los problemas. Ese hecho tiene valor institucional. Sin embargo, detectar es apenas el comienzo: la prueba decisiva será aclarar los pagos, recuperar los recursos que correspondan y establecer responsabilidades cuando proceda. Una auditoría pierde utilidad si su destino final es engrosar el archivo de asuntos pendientes.
Para el oficialismo, el desafío consiste en aceptar que la autoridad moral necesita evidencia administrativa. Para la oposición, en exigir resultados verificables sin presentar sospechas como condenas. Y para ambos, en abandonar la cómoda costumbre de graduar su indignación según el partido que maneja la caja.
La respuesta seria requiere información pública sobre el seguimiento de los hallazgos, plazos de aclaración y controles que impidan repetirlos. Sin exhibir datos personales de estudiantes, sí debe explicarse qué falló, quién debía supervisarlo y qué se corrigió.
Porque el bienestar no se acredita con el nombre del banco ni la honestidad con el membrete de una secretaría. La política puede prometer becas; la administración tiene que demostrar que llegaron a quienes correspondían. Lo demás es propaganda con comprobantes pendientes.
