El perdón no es suficiente
Cinco bebés fallecidos y demasiadas preguntas pendientes
Por Felipe Correa Muro
Hay tragedias que no admiten respuestas burocráticas. La muerte de un recién nacido es una de ellas; la de cinco bebés en un mismo hospital obliga, además, a cuestionar los protocolos, la vigilancia sanitaria y la capacidad de las instituciones para garantizar aquello que constituye su razón de ser: proteger la vida.
En Durango, el fallecimiento de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre el 15 y el 19 de septiembre, abrió una herida que ninguna declaración oficial puede cerrar. Detrás de cada caso hay una familia que llegó a un hospital con la esperanza de ver crecer a su hijo y terminó enfrentando una pérdida irreparable. No existe discurso institucional capaz de dimensionar ese dolor.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, ofreció una disculpa a los padres de los menores durante una reunión celebrada el 25 de septiembre. El gesto fue reconocido por el abogado de las familias como un cambio favorable en el trato institucional. Sin embargo, una disculpa, por necesaria que sea, no resuelve las interrogantes que permanecen abiertas. Pedir perdón es un acto de reconocimiento; esclarecer los hechos y asumir las consecuencias es una obligación.
La gravedad del caso no radica únicamente en el número de fallecimientos, sino en las circunstancias en que ocurrieron. El propio Instituto confirmó la presencia de una bacteria bajo investigación y reportó que cuatro de los cinco bebés dieron positivo al microorganismo. No obstante, las autoridades sanitarias han advertido que todavía debe determinarse si existe una relación causal entre ese hallazgo y las muertes. Esa distinción es fundamental: la indignación social no sustituye a las pruebas, pero tampoco puede convertirse en pretexto para prolongar indefinidamente las explicaciones.
Lo que Durango necesita no son conclusiones anticipadas ni responsables señalados desde la tribuna pública. Necesita una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita conocer qué ocurrió, qué falló y si existieron omisiones, negligencias o deficiencias en los procedimientos de atención y prevención de infecciones. Si hubo responsabilidades, deben establecerse por las vías correspondientes. Si se identifican fallas estructurales, deben corregirse sin demora.
El problema es que la confianza pública no se recupera únicamente con reuniones, comunicados o cambios administrativos. La separación de una funcionaria de su cargo, como ocurrió con la representación estatal del Instituto, puede formar parte de una respuesta institucional, pero no constituye por sí misma una explicación de los hechos ni acredita que se hayan corregido las causas que pudieron contribuir a la tragedia.
La pregunta de fondo es incómoda, pero inevitable: ¿qué garantías tienen hoy las familias de que una situación semejante no volverá a ocurrir? La respuesta debe construirse con evidencia, no con promesas.
El IMSS tiene la obligación de informar los avances de las investigaciones, explicar los protocolos aplicados, transparentar los resultados que legalmente puedan hacerse públicos y garantizar que las familias reciban atención psicológica, acompañamiento jurídico y un trato digno. También debe revisar las condiciones sanitarias, los mecanismos de vigilancia epidemiológica y los procedimientos de control de infecciones en sus unidades hospitalarias. La prevención no puede limitarse a reaccionar cuando el daño ya está hecho.
A ello se suma una responsabilidad que trasciende al propio Instituto: la de las autoridades encargadas de investigar y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales. La intervención de la Fiscalía General de la República debe traducirse en diligencias serias, resultados sustentados y respeto al debido proceso. La justicia no consiste en satisfacer la exigencia de un culpable inmediato, sino en establecer la verdad y actuar conforme a ella.
En una institución que atiende a millones de mexicanos, la seguridad de los pacientes no puede depender de la fortuna, de la capacidad de las familias para denunciar o de la presión mediática que alcance un caso. Debe ser el resultado de controles eficaces, personal suficiente, vigilancia permanente y protocolos que funcionen incluso cuando nadie está observando.
Cinco bebés no son una estadística ni un expediente más en los archivos de una institución pública. Son cinco vidas perdidas y cinco familias que tienen derecho a saber qué sucedió. Reducir esta tragedia a una disculpa sería confundir el primer paso con el punto final.
El perdón puede abrir una puerta al diálogo, pero no reemplaza la verdad, la justicia ni la reparación del daño. Mucho menos garantiza que los hechos no se repitan.
El IMSS debe responder con hechos. Porque cuando una institución pierde la confianza de las familias, no basta con pedir perdón: tiene que demostrar que aprendió de la tragedia, que corrigió sus fallas y que está en condiciones de proteger la vida.
