¿El IEPC quiere presupuesto electoral o cheque en blanco?
Juvenal Rosales Flores
Acontecer Político
En todo el país, como en Durango, la democracia tiene un costo, pero eso no significa que cualquier cantidad solicitada para organizar elecciones deba aceptarse sin cuestionamientos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) ha puesto sobre la mesa una cifra que merece una revisión minuciosa; más de 500 millones de pesos para 2027. Y cuando se trata del dinero de los contribuyentes, la pregunta no es incómoda; es obligatoria.
El consejero presidente del organismo, Roberto Herrera Hernández, informó que el instituto proyecta solicitar 365 millones de pesos para su operación y la organización del proceso electoral, mientras que alrededor de 154 millones corresponderían al financiamiento público de los partidos políticos.
Veamos los antecedentes. En 2024, cuando Durango renovó el Congreso local, el IEPC contó con un presupuesto reportado de 337 millones de pesos. Para 2025, cuando se celebraron elecciones municipales y se organizó también la elección judicial local, el presupuesto aprobado inicialmente fue de 440.6 millones de pesos, al que posteriormente se sumaron recursos adicionales. En 2026, año sin jornada electoral local, el presupuesto del instituto se ubicó en 286 millones de pesos.
Ante estos antecedentes, surge una pregunta obligada, si en 2024 se organizó una elección para renovar el Poder Legislativo estatal con un presupuesto de referencia de 337 millones de pesos, ¿qué conceptos y necesidades específicas justifican los 365 millones que ahora solicita el instituto y los más de 500 millones que integran el paquete presupuestal de 2027?
El argumento del IEPC es que el próximo año habrá que instalar consejos municipales, contratar personal, adquirir documentación y materiales electorales y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, entre otras tareas. Son actividades reales y necesarias, pero la planeación electoral no debe convertirse en una autorización automática para gastar más.
Y aquí surge una interrogante que merece una respuesta puntual: ¿se están gestionando de manera anticipada recursos para la elección de 2028, cuando Durango renovará la gubernatura y los 39 ayuntamientos?
No se trata de afirmar que así esté ocurriendo, sino de exigir que el organismo lo aclare. La ciudadanía tiene derecho a saber si los recursos solicitados atenderán exclusivamente las obligaciones de 2027 o si también contemplan inversiones, adquisiciones o preparativos que servirán para el siguiente proceso electoral. Porque 2028 no será una elección cualquiera: estará en juego la renovación de la gubernatura y de los 39 gobiernos municipales.
Hay una diferencia importante entre los 365 millones de pesos que solicita el instituto y los más de 500 millones del paquete completo. El financiamiento de los partidos políticos tiene una regulación y una finalidad distintas al gasto operativo del organismo electoral. Por eso, el Congreso debe conocer con claridad cuánto costará organizar la elección, cuánto representa el gasto ordinario, cuánto corresponde a los partidos y qué recursos se contemplan para preparar el siguiente proceso.
Otro elemento que merece atención es el cierre de la gestión de Roberto Herrera Hernández, quien concluiría su periodo como consejero presidente en agosto de 2027. Cuando una administración está por concluir, la obligación de transparentar decisiones, compras y compromisos presupuestales adquiere todavía mayor relevancia.
No quiero pensar mal, ni sería responsable insinuar que la solicitud responde a intereses personales. Sin embargo, tampoco se puede ignorar que en la política y en la administración pública existe un dicho popular que suele aparecer cuando una gestión se acerca a su final: el año de Hidalgo. No es una acusación contra nadie, pero sí una razón más para insistir en la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas durante los últimos meses de una administración.
Por eso, el Congreso del Estado tiene una responsabilidad que va más allá de recibir una solicitud y revisar si las cantidades cuadran en una hoja de cálculo. Las diputadas y los diputados deben analizar el anteproyecto, contrastarlo con el gasto ejercido en procesos anteriores y pedir explicaciones sobre cada incremento significativo. La autonomía del IEPC merece respeto, pero no significa que su presupuesto esté exento del escrutinio legislativo.
Si el instituto considera indispensables los 365 millones de pesos, debe presentar razones sustentadas en cifras, comparativos y metas medibles. Tiene que explicar cuánto costó cada etapa de los procesos anteriores, qué gastos aumentaron, qué materiales y equipos podrán reutilizarse y qué mecanismos de ahorro se aplicarán. Y, sobre todo, debe precisar si existen recursos destinados a preparar la elección de 2028 y cómo se identificarán dentro de la planeación presupuestal.
La ciudadanía no exige elecciones baratas a costa de la certeza jurídica. Exige elecciones bien organizadas, resultados confiables y autoridades que administren los recursos con prudencia. El dinero destinado a la democracia debe servir para proteger el voto, no convertirse en una partida cuya magnitud se justifique únicamente porque se aproxima una jornada electoral.
Al final, la discusión no es contra Roberto Herrera, contra el IEPC ni contra los partidos políticos. Se trata de garantizar que cada peso público tenga una explicación y produzca un beneficio comprobable; si el presupuesto está justificado, la revisión lo demostrará; si hay gastos prescindibles, el análisis debe permitir corregirlos.
