Guadalajara: el agua sucia y las manos limpias.
Cuando la política enturbia lo que debería ser un derecho.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
El Giocondo | 13 de octubre de 2026
Guadalajara ha llegado a una paradoja difícil de superar: miles de ciudadanos salieron a exigir agua limpia y terminaron enfrentando gases y chorros de agua de la policía. Cuando la indignación necesita una marcha para que se escuche lo evidente, la crisis ya no es únicamente hidráulica: es política.
El reclamo no nació el domingo. Vecinos llevan al menos cinco años denunciando anomalías, agravadas en 2026 en más de 300 colonias. Entre marzo y junio, un monitoreo ciudadano encontró ausencia de cloro residual en el 93.48% de 184 muestras tomadas en 90 colonias y detectó indicios de bacterias y metales. No es un diagnóstico representativo de toda la metrópoli, pero basta para exigir análisis oficiales públicos y medidas sanitarias inmediatas.
Detrás del agua turbia hay un sistema igualmente opaco: conducción antigua desde Chapala, contaminación en Las Pintas, deficiencias de potabilización, redes deterioradas y una deuda histórica de mantenimiento. La infraestructura no se descompuso de repente; lo novedoso es que ahora resulta imposible esconder sus consecuencias.
Pablo Lemus reconoció una crisis sin precedentes y anunció suspender el suministro proveniente de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala, con una reducción de hasta 2.5 metros cúbicos por segundo durante al menos seis meses. Propuso modernizar la potabilizadora de Miravalle y construir, en aproximadamente dos años, un acueducto sustituto estimado en casi 12 mil millones de pesos. Es una ruta atendible; no puede confundirse, sin embargo, un anuncio de obra con un vaso de agua segura hoy.
La marcha del 11 de octubre reunió, según el Gobierno estatal, a unas diez mil personas. Terminó con 39 detenidos y 59 lesionados, de acuerdo con el reporte oficial. Lemus atribuyó los disturbios a un presunto grupo de choque de 400 integrantes; manifestantes denunciaron abusos policiales y Claudia Sheinbaum pidió explicaciones. Deben investigarse tanto las agresiones a policías como el uso de la fuerza. Ninguna violencia anula el reclamo legítimo de una ciudad.
También apareció la política partidista. Morena y sus aliados cuestionan la participación privada; Movimiento Ciudadano insiste en que no habrá privatización ni aumento de tarifas. El esquema propuesto de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación merece escrutinio sobre costos, plazos y control público. Pero no existen pruebas públicas concluyentes para atribuir la movilización ciudadana a una operación partidista. Convertir sospechas en certezas es otra manera de contaminar el debate.
La responsabilidad directa de garantizar la calidad del suministro corresponde al SIAPA y a los gobiernos estatal y municipales. Pero la Federación tampoco puede permanecer como comentarista: Conagua debe colaborar en infraestructura y protección de fuentes; las autoridades sanitarias, verificar riesgos. El Zapotillo recibió inversión federal, mientras Sheinbaum señala que el anterior Gobierno de Jalisco incumplió una obra complementaria. La solución exige cooperación, no intercambio de coartadas.
El camino requiere agua segura inmediata mediante pipas y garrafones, muestreos independientes por colonia, información sanitaria transparente, control de descargas, reparación de redes y obras con presupuestos, contratos y calendarios auditables. También exige que la ciudadanía supervise cada etapa y que los partidos dejen de administrar políticamente una emergencia que requiere soluciones técnicas.
Porque el verdadero examen de los gobiernos no será cuántos culpables encuentren entre los manifestantes, sino cuándo podrá una familia abrir la llave sin miedo.
Y mientras eso no ocurra, en Guadalajara podrá cambiar el color del agua, pero difícilmente cambiará la percepción ciudadana sobre quienes deberían garantizarla.
