Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de fortalecer la protección de la propiedad social y reconocer los derechos colectivos de los ejidos y las comunidades agrarias e indígenas, garantizando mayor certeza jurídica sobre sus territorios y patrimonio.
La Comisión de Puntos Constitucionales presentó al pleno el dictamen de modificación al artículo 27, que busca fortalecer la protección de la propiedad social mediante el reconocimiento de los ejidos y las comunidades agrarias como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica plena, patrimonio propio y acceso directo a programas, recursos públicos y mecanismos de desarrollo económico, social, ambiental y productivo.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo destacó que hablar de propiedad social significa hablar de la historia, las raíces y la lucha de miles de mujeres y hombres del campo que, generación tras generación, han defendido la tierra como patrimonio familiar y fundamento de la vida comunitaria.
“La tierra no representa únicamente una superficie para producir alimentos, sino también identidad, cultura, pertenencia, trabajo y futuro. En el caso de los pueblos indígenas, el territorio constituye una parte esencial de su organización comunitaria, sus tradiciones y su relación con la naturaleza”, puntualizó.
El legislador subrayó que esta discusión va más allá de un asunto técnico o jurídico, pues se trata de proteger los derechos de quienes han conservado sus tierras a pesar de las dificultades económicas, las desigualdades históricas y las presiones que enfrentan las comunidades rurales.
Asimismo, destacó que el dictamen contempla medidas para proteger la integridad de las tierras de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades, así como prevenir el despojo, la especulación inmobiliaria y la concentración indebida de derechos agrarios.
Aguilar Carrillo indicó que estas disposiciones también vinculan la propiedad social con objetivos de interés público, como la soberanía alimentaria, la conservación ambiental, el desarrollo regional sustentable y el bienestar de las comunidades agrarias.
Desde la tribuna, afirmó que la justicia social debe traducirse en el respeto a los derechos, la atención a las comunidades históricamente rezagadas y la generación de oportunidades para quienes han contribuido al desarrollo del país desde el campo.
