• Plantea penas de 8 a 15 años de prisión para quienes obliguen a menores de edad a establecer una convivencia similar a la matrimonial.
Con el propósito de fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y personas en condiciones de especial vulnerabilidad, la diputada Sughey Torres Rodríguez presentó la iniciativa para tipificar el delito de cohabitación forzada en el Código Penal del Estado; con sanciones para quienes obliguen, induzcan, promuevan o faciliten este tipo de uniones.
“Que ninguna niña tenga que renunciar a sus sueños para cumplir los de alguien más; que ningún niño vea su futuro decidido por otros y que ninguna persona sea obligada a vivir una vida que no eligió”, expresó al realizar la ampliación de motivos.
Explicó que la iniciativa propone adicionar un capítulo al Código Penal del Estado para incorporar expresamente el delito de cohabitación forzada, en armonía con el marco penal federal. Para quienes incurran en esta conducta plantea penas de ocho a 15 años de prisión, además de una multa de mil a dos mil 500 días.
También contempla incrementar las sanciones hasta en una mitad cuando existan circunstancias agravantes, como el empleo de violencia física o psicológica, amenazas o intimidación; el abuso de relaciones de patria potestad, tutela, guarda, custodia o cuidado; la búsqueda de un beneficio económico, así como cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
Sobre este último supuesto, aclaró que establecer una protección reforzada no significa estigmatizar a ninguna comunidad, sino reconocer que pueden existir barreras adicionales para ejercer y defender los derechos, ante lo cual el Estado debe garantizar una protección efectiva.
Explicó que la cohabitación forzada ocurre cuando una persona menor de 18 años, o alguien que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, es obligada o inducida a establecer una convivencia constante y equiparable a la de un matrimonio, ya sea con otra persona menor de edad o con una persona adulta.
Destacó que, aunque en México está prohibido el matrimonio infantil, también existen formas de unión que se realizan sin un vínculo matrimonial formal y que pueden representar una vulneración de derechos. Por ello, consideró necesario cerrar los vacíos legales para evitar que la ausencia de un matrimonio constituya una limitante para la protección jurídica de las víctimas.
Para dimensionar esta problemática, la diputada citó datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, que registró 224 mil 454 adolescentes de entre 12 y 17 años casados o viviendo en unión libre en México. Asimismo, refirió que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, Durango registró en 2020 una razón de fecundidad forzada de 2.1 nacimientos por cada mil niñas de entre 10 y 14 años.
Precisó que estas cifras no representan exclusivamente casos de cohabitación forzada ni permiten afirmar que todas las uniones hayan sido impuestas; sin embargo, muestran condiciones de vulnerabilidad que hacen necesario fortalecer las herramientas de protección. A la iniciativa se sumaron las diputadas Gaby Vázquez Chacón y Delia Enríquez.
