La diputada Rocío Rebollo Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, exigió que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral permitan determinar no solamente posibles responsabilidades administrativas, sino también si alguna anomalía pudo comprometer la organización de los procesos electorales.
Al fijar un posicionamiento sobre el relevo en la presidencia del INE, la legisladora sostuvo que la designación de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional representa una oportunidad para recuperar el rumbo institucional, aunque también plantea interrogantes sobre sus antecedentes al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
Recordó que, durante las elecciones locales de 2024, representantes partidistas denunciaron presuntas alteraciones en los cómputos electorales que habrían favorecido a Fuerza por México mediante la asignación de votos que corresponderían a otras fuerzas políticas, particularmente Morena.
También hizo referencia a la denuncia penal presentada por Mario Riestra Piña, entonces candidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla, contra integrantes y funcionarios del organismo electoral, incluida quien entonces lo presidía.
Rocío Rebollo precisó que una denuncia no constituye una sentencia ni permite atribuir responsabilidades sin una resolución de las autoridades competentes. Sin embargo, consideró indispensable conocer qué ocurrió con las investigaciones y si las discrepancias denunciadas fueron debidamente esclarecidas.
Respecto a la solicitud de ampliar las auditorías a administraciones anteriores del INE, sostuvo que toda gestión pública debe estar sujeta a fiscalización, siempre que existan elementos que justifiquen las revisiones y estas se realicen con independencia y apego a la ley.
Advirtió que las investigaciones no deben convertirse en una confrontación política entre administraciones ni utilizarse para desviar la atención de las presuntas irregularidades que actualmente se encuentran bajo cuestionamiento.
La diputada puso especial énfasis en las consecuencias que una crisis de confianza podría tener sobre las elecciones de 2027.
Explicó que una autoridad electoral puede organizar correctamente una elección y, aun así, enfrentar cuestionamientos públicos derivados de la conducta de sus funcionarios. En un ambiente de polarización política, esa desconfianza podría ser aprovechada por los contendientes para poner en duda resultados adversos, incluso sin pruebas de irregularidades en la votación.
En cuanto a las contrataciones investigadas, Rocío Rebollo insistió en que no basta con revisar el ejercicio de los recursos públicos. También debe verificarse la integridad de la documentación electoral, la calidad de los materiales, la confiabilidad de los procedimientos y los mecanismos de seguridad.
Si alguno de los proveedores señalados participó en servicios vinculados con la organización de las elecciones, añadió, las autoridades deberán determinar si las posibles irregularidades se limitaron al ámbito administrativo o tuvieron alguna repercusión operativa.
