Por: Iraí De La Fuente
Una economía digital
El 5 de noviembre de 2026 entró en vigor la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que establece un nuevo marco para la realización de transacciones en México. Su aplicación incidirá en la forma en que se efectúan los pagos cotidianos, pues, aunque el efectivo seguirá disponible en diversas operaciones, en determinadas actividades el uso de medios digitales o electrónicos podría ser obligatorio.
Para definir el alcance de esta medida, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con un plazo de 15 días hábiles, a partir de la entrada en vigor de la ley, para determinar los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que la totalidad de los pagos deberá efectuarse por medios digitales o electrónicos, como parte de una transición orientada a reducir gradualmente el uso del efectivo.
La adaptación a esta modalidad plantea retos para quienes tienen poca experiencia con las herramientas digitales, ya que una operación habitual, como pagar un servicio, puede requerir el uso de una aplicación que la persona aún no conoce. De ahí que la transición hacia los pagos digitales deba acompañarse de esfuerzos de inclusión financiera, entendida como el acceso y el uso efectivo de productos y servicios financieros formales.
En ese proceso se abre una oportunidad para consolidar la alfabetización digital y acercar los servicios financieros a quienes nunca han tenido una cuenta bancaria. Adquirir las habilidades para consultar un saldo, pagar un servicio o realizar una transferencia desde un teléfono celular les permitiría efectuar esas operaciones con mayor autonomía, reducir su dependencia del efectivo y participar en la modernización financiera.
Para muchas personas adultas mayores y para quienes residen en comunidades alejadas de los centros urbanos, trasladarse a una sucursal bancaria ya representa, por sí mismo, una dificultad, incluso cuando solo requieren orientación o necesitan realizar un trámite sencillo. Si a esa dificultad se suma la de aprender a utilizar los servicios bancarios por medios digitales, el acceso a estos servicios se convierte en un doble reto.
En este contexto, la ciberseguridad debe formar parte de la transición desde el inicio, pues aprender a realizar operaciones digitales también implica saber identificar intentos de suplantación y cómo proceder ante un cargo no reconocido. El Estado y las instituciones financieras, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, deben procurar que existan canales accesibles para recibir orientación, reportar posibles fraudes y dar seguimiento a las reclamaciones.
El avance de la economía digital también debe medirse por las condiciones en que las personas pueden incorporarse a ella. Para quien abre su primera cuenta bancaria o vive lejos de una sucursal, la transición tendrá sentido si puede realizar sus operaciones con autonomía, proteger su dinero y recibir atención oportuna cuando la necesite. De esas condiciones depende que los pagos digitales se traduzcan en una inclusión financiera efectiva.
