El México que protesta: la rebelión de los trabajadores.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay un México que presume avances en derechos laborales y otro que todavía necesita salir a la calle para hacerse escuchar. No son países distintos: son las dos caras de una transformación cuya prueba decisiva no está en los discursos, sino en la experiencia cotidiana de quienes sostienen los servicios públicos.
Este lunes, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social han convocado una nueva marcha en la Ciudad de México. Un sector inconforme exige un aumento directo de 10% al salario, mejores condiciones en hospitales, abasto de insumos y mayor democracia sindical. No hablan en nombre de toda la plantilla, pero sus reclamos tampoco pueden despacharse como una simple disputa interna.
La dirección del IMSS tiene argumentos que deben considerarse. El 6 de noviembre, Zoé Robledo informó que el incremento salarial global de 8% ya se había pagado a más de 500 mil trabajadores activos y 170 mil jubilados, y reportó la basificación de 3 mil 600 empleados eventuales. Son avances medibles. Sin embargo, un aumento global no equivale a elevar en esa proporción el sueldo base, y un acuerdo firmado por la dirigencia sindical no disipa automáticamente las inconformidades de todos sus representados.
El conflicto revela una pregunta incómoda: ¿basta con que un sindicato tenga reconocimiento formal si parte de sus agremiados considera que sus demandas no están siendo escuchadas? La reforma laboral de 2019 fortaleció el voto libre, personal, directo y secreto. Pero la democracia sindical no termina en las urnas; también exige información transparente, deliberación y rendición de cuentas.
En el Poder Judicial de la Federación ocurrió algo diferente, aunque igualmente revelador. El 6 de noviembre, trabajadores de diversos estados suspendieron actividades al cuestionar el nuevo sistema de evaluación de desempeño. Temían que criterios subjetivos abrieran la puerta a sanciones o separaciones del cargo. El Órgano de Administración Judicial sostuvo desde un principio que la primera evaluación sería diagnóstica.
La tensión encontró una salida el sábado 7: la Suprema Corte, el órgano administrador y las representaciones sindicales acordaron modificar el esquema, eliminar sus efectos sancionatorios y revisar los criterios subjetivos. Se anunció el regreso a las actividades normales para este lunes. Es una precisión fundamental: no se eliminó la obligación de evaluar, sino que se negoció cómo hacerlo y con qué garantías.
Ambos episodios muestran que defender los derechos laborales no significa rechazar toda reforma, ni gobernar implica imponer cada decisión sin discusión. También recuerdan que las protestas tienen costos para terceros: pacientes que necesitan atención y ciudadanos que esperan justicia. Por eso, el diálogo oportuno no es una cortesía política; es una responsabilidad institucional.
El poder público enfrenta aquí un examen que trasciende cualquier porcentaje salarial. Debe demostrar que el reconocimiento de los trabajadores puede coexistir con servicios eficientes, sindicatos autónomos y decisiones administrativas verificables.
Porque una institución no se fortalece solamente con nuevas reglas o mayores presupuestos. Se fortalece cuando quienes la hacen funcionar confían en ellas. Y cuando esa confianza se rompe, la calle termina convirtiéndose en la mesa de negociación que debió abrirse antes.
