• Los productores estiman un costo de equilibrio de 7 mil 200 pesos por tonelada.
Ante las dificultades que enfrentan los productores agrícolas para recuperar sus inversiones y comercializar sus cosechas, el diputado Noel Fernández Maturino exhortó a las autoridades federales para revisar las condiciones de operación del programa de Precios de Garantía, particularmente los volúmenes de acopio y el precio de referencia establecido para el maíz en Durango.
Durante la sesión ordinaria, manifestó su preocupación es el precio de referencia de alrededor de seis mil pesos por tonelada, el cual, de acuerdo con los cálculos presentados por los productores, resulta insuficiente frente a los costos reales de producción.
Detalló que establecer una hectárea de maíz representa una inversión cercana a los 50 mil pesos, a lo que se suman gastos de fertilizantes, semillas, combustibles, energía, maquinaria, labores agrícolas y financiamiento. Bajo estas condiciones, los productores estiman que necesitan alrededor de siete mil 200 pesos por tonelada para alcanzar su punto de equilibrio.
El legislador advirtió que esta diferencia afecta directamente la rentabilidad del campo y puede comprometer el patrimonio de las familias, especialmente porque muchos agricultores recurren a créditos para financiar sus ciclos de siembra y, cuando no logran recuperar la inversión, enfrentan dificultades para cumplir sus obligaciones financieras.
Asimismo, planteó fortalecer los mecanismos de trazabilidad agroalimentaria y certificación de origen, para que los consumidores puedan conocer con claridad la procedencia de los alimentos que llegan a sus mesas, particularmente el maíz utilizado en la elaboración de tortillas y los productos cárnicos.
Explicó que la trazabilidad permite identificar el recorrido de los alimentos desde su origen hasta su comercialización, contribuye a la vigilancia sanitaria, ofrece información confiable a los consumidores y genera condiciones de competencia más transparentes para quienes producen en México.
El diputado aclaró que esta propuesta no busca establecer barreras injustificadas al comercio internacional, sino garantizar que los productos comercializados en el país cumplan con las disposiciones aplicables y que su procedencia pueda identificarse claramente.
