La política también debe aprender a escuchar.
Durango da un paso importante en la prevención del suicidio. Una ley que busca transformar el silencio en atención, la indiferencia en acompañamiento y la voluntad política en responsabilidad social.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
El Giocondo | Noviembre de 2026.
Hay decisiones legislativas cuyo verdadero alcance no se mide en votos, discursos o protagonismos políticos, sino en su capacidad para transformar la vida de las personas. La reciente aprobación unánime de la Ley de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio en Durango pertenece a esa categoría: una respuesta institucional a una realidad que durante demasiado tiempo ha permanecido atrapada entre el silencio, los prejuicios y la insuficiencia de políticas públicas.
Las cifras explican su urgencia. Según el INEGI, durante 2025 se registraron 8,709 suicidios en México entre personas de 10 años y más. En Durango, la tasa estandarizada de mortalidad por suicidio alcanzó 9.2 por cada 100 mil habitantes en 2024, frente a una media nacional de 6.9. No son simples estadísticas: representan vidas perdidas, familias afectadas y una problemática que exige atención permanente.
La nueva legislación destaca por su estructura integral, articulada en tres dimensiones fundamentales. La prevención, mediante capacitación, identificación temprana de riesgos y construcción de redes comunitarias; la atención, que busca garantizar intervenciones profesionales, oportunas y libres de discriminación; y la posvención, una perspectiva particularmente valiosa que contempla el seguimiento de quienes han atravesado una crisis suicida y el acompañamiento a las familias y personas cercanas afectadas por estas experiencias.
Su importancia radica en comprender que la salud mental no puede quedar exclusivamente bajo la responsabilidad de hospitales y especialistas. También involucra escuelas, centros laborales, instituciones públicas, gobiernos municipales y, especialmente, a una sociedad que necesita aprender a escuchar sin juzgar.
Uno de sus avances relevantes es establecer que ninguna persona debe ser rechazada cuando requiera atención de urgencia por una crisis relacionada con la conducta suicida. Este principio coloca la dignidad humana en el centro de la respuesta institucional.
En este proceso merece reconocerse el interés y la perseverancia del diputado Alejandro Mojica Narváez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, quien impulsó la iniciativa desde marzo de 2024. Su disposición para incorporar la participación de especialistas y construir consensos entre distintas fuerzas políticas demuestra que la actividad legislativa también puede producir acuerdos alrededor de causas que trascienden las diferencias partidistas.
Sin embargo, una evaluación responsable exige reconocer que ninguna ley, por bien estructurada que esté, modifica por sí sola una realidad social. Su eficacia dependerá de la coordinación institucional, la disponibilidad de profesionales, la capacitación continua y el acceso efectivo a tratamientos, particularmente en comunidades donde los servicios especializados son limitados.
Aunque se ha planteado que su aplicación puede aprovechar los recursos existentes, será indispensable comprobar que estos resulten suficientes. La voluntad política abre el camino; la capacidad institucional determina hasta dónde puede recorrerse.
El desafío también corresponde a las familias y a la comunidad. Debemos abandonar la idea de que solicitar apoyo psicológico representa debilidad, comprender que el sufrimiento emocional no distingue edades ni condiciones sociales y reconocer que escuchar, acompañar y orientar hacia servicios profesionales puede marcar una diferencia.
Durango ha dado un paso legislativo importante. Ahora corresponde convertirlo en programas, protocolos, atención accesible y resultados verificables.
Porque una sociedad verdaderamente comprometida con el bienestar no es aquella que simplemente lamenta sus tragedias, sino la que construye condiciones para prevenirlas.
Y quizá esa sea la mayor trascendencia de esta ley: recordarnos que proteger la vida también significa aprender a escucharla.
